Luis Galarreta plantea sacar de penales a presos por delitos menores para que trabajen en cuarteles

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, presentó este jueves ante el Congreso un plan para descongestionar los establecimientos penitenciarios del país, que contempla el traslado de reclusos condenados por delitos de baja gravedad a cuarteles militares en desuso y hangares.

La medida forma parte de la política general del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y busca, dicen, reducir el hacinamiento en los penales.

“Para tener hangares, para en algunos cuarteles que están abandonados, con convenios con el INPE, sacar a aquellos que están en prisión de delitos menores, de alimentos, delitos que no son de violencia. Porque mientras menos gente tengamos hacinados en los penales, mayor supervisión vamos a poder hacer. (...) Ellos irán a cuarteles, irán a hangares, irán a trabajar, irán a hacer talleres”, dijo Galarreta.

Para los reclusos de alta peligrosidad que permanezcan en los penales, el premier anunció un endurecimiento del régimen. “Ellos no tendrán visitas como los tienen hoy día. Se va a reducir las visitas. Ellos tendrán aislamiento, como debe ser, como corresponde a una sociedad que se tiene que defender”, afirmó el jefe del gabinete. Además, advirtió que los internos de ese perfil no contarán con privilegios ni beneficios dentro de los establecimientos.

El plan también contempla el bloqueo efectivo de señales de comunicación en los penales, con el objetivo de impedir que estos funcionen como centros de operación del crimen organizado. En esa línea, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) suscribiría convenios con las Fuerzas Armadas para establecer un cerco perimetral en los establecimientos. Según explicó el premier, las tropas no tendrían funciones de custodia interna, pero sí controlarían el acceso exterior, incluido el del propio personal del INPE, que deberá pasar por detectores de metales y de otros objetos.

Galarreta reconoció que la construcción de nuevos penales de máxima seguridad —otro de los compromisos del gobierno de Fujimori— demandará tiempo, y que algunos proyectos ya iniciados habían sido abandonados. Señaló que esas obras serán retomadas, pero que mientras tanto el gobierno actuará con los recursos disponibles. Para ello, precisó, se requiere contar con datos específicos sobre la población penitenciaria que permitan identificar a quiénes pueden ser trasladados fuera de los penales convencionales.

Antecedentes

No es la primera vez que se proponen este tipo de medidas para deshacinar los penales. En mayo de 2025, el Ministerio de Justicia anunció el plan Libertad 2025, que contemplaba brindar asistencia legal gratuita a internos condenados por omisión de prestación de alimentos y por hurto simple, para que pudieran acceder a beneficios penitenciarios como la libertad condicional. Según cifras oficiales de ese momento, la medida podría haber beneficiado a más de 6.000 personas: más de 2.200 por omisión de alimentos y más de 4.000 por hurto simple. El director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Walter Martínez, aclaró en su momento que la iniciativa no buscaba generar impunidad, sino garantizar los derechos de quienes ya habían cumplido los requisitos para acceder a esos beneficios.

Un año después, en junio de 2026, el entonces gobierno de José María Balcázar promulgó el Decreto Supremo N° 010-2026-JUS, que habilitó la conmutación de pena para hasta 2.691 reclusos condenados por omisión de prestación de alimentos. El requisito principal era haber cancelado al menos el 70% de la deuda alimentaria impuesta por sentencia judicial. La norma, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, fue presentada con un doble objetivo: incentivar el pago de las obligaciones alimentarias y contribuir a aliviar la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios del país.