
Los anuncios recientes del Ministerio de Economía van, en términos generales, en la dirección correcta. Tras años de reformas postergadas, resulta positivo volver a hablar de sostenibilidad de Petroperú, responsabilidad fiscal, revisión de normas que generan gasto sin financiamiento, reforma de la inversión pública, simplificación administrativa, informalidad y mercado laboral.
También es una buena señal convocar a especialistas reconocidos para trabajar propuestas sobre informalidad, mercado financiero, inversión pública y evasión tributaria. Diagnósticos tenemos muchos. El desafío será que estas comisiones tengan objetivos, plazos y entregables concretos, y que sus recomendaciones terminen convirtiéndose en decisiones.
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El Perú necesita recuperar inversión y productividad. Para ello, reducir permisos redundantes, acortar plazos, eliminar duplicidades, mejorar la coordinación entre entidades y otorgar mayor predictibilidad a quienes quieren invertir puede tener un impacto mucho mayor que medidas aisladas de corto plazo. Simplificar no significa reducir estándares ambientales, laborales o de seguridad; significa eliminar procedimientos que no agregan valor y reducir el tiempo que transcurre entre la decisión de invertir y el momento en que un proyecto comienza a producir y generar empleo.
También es indispensable enfrentar la informalidad. Más del 86% de las micro y pequeñas empresas opera informalmente, pese a representar alrededor del 96% del tejido empresarial. Si después de décadas los regímenes especiales no han logrado cambiar sustancialmente esta realidad, corresponde revisarlos. Pero formalizar no puede significar únicamente pagar menos impuestos o asumir menores costos laborales. Debemos lograr que ser formal resulte atractivo: acceso efectivo a protección social, financiamiento, mercados y oportunidades de crecimiento.
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Algo similar ocurre con los jóvenes. Facilitar modalidades de contratación y formación puede ayudar, pero el problema es más profundo. Necesitamos cerrar la enorme distancia entre lo que enseñamos y lo que demanda el mercado laboral. Si siete de cada diez jóvenes con educación superior terminan trabajando en algo distinto de aquello que estudiaron, tenemos un problema de pertinencia educativa que ninguna norma laboral resolverá por sí sola.
Incluso la discusión sobre los feriados merece ser retomada. El Perú pasó de 12 a 16 feriados nacionales en pocos años. Reordenar algunos hacia los lunes puede reducir interrupciones durante la semana y facilitar la planificación de empresas y trabajadores. Pero deberíamos ir más allá: establecer candados para que el calendario no siga creciendo y revisar la permanencia de algunos feriados incorporados recientemente. Conmemorar nuestra historia no obliga necesariamente a paralizar la actividad económica.
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Hasta ahí, una agenda que merece respaldo. Pero cuidado con lo que hacemos con la otra mano.
Llevar la remuneración mínima de S/ 1,130 a S/ 1,300, aun en dos etapas, representa un incremento cercano al 15%. En una economía donde más del 70% del empleo es informal, elevar costos laborales sin respaldo de productividad puede desincentivar precisamente aquello que queremos promover: la contratación formal.
Además, el momento importa. El Fenómeno de El Niño podría afectar durante los próximos meses distintas actividades y sus cadenas de proveedores, reduciendo producción, ventas y liquidez. Las MYPE, precisamente aquellas que queremos formalizar, tienen menor capacidad financiera para absorber simultáneamente una caída de la demanda y mayores costos laborales obligatorios. Aplicar un aumento en esas circunstancias podría ser echar gasolina al fuego.
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La discusión sobre la remuneración mínima debe darse técnicamente en el Consejo Nacional de Trabajo, considerando inflación, crecimiento, productividad, informalidad y empleo formal, pero también la coyuntura que enfrentará la economía. Quizá corresponda esperar a que pase la tormenta antes de tomar una decisión.
En buena hora que volvamos a hablar de reformas. Pero estas requieren estrategia, secuencia y oportunidad. No tendría sentido promover inversión, formalización y empleo con una mano, para terminar encareciéndolos con la otra.

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