
El Gobierno de Keiko Fujimori presentó al Congreso un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo reciba facultades legislativas por un plazo de 120 días calendario. Entre los temas incluidos figuran diversas propuestas vinculadas con la economía, el empleo, la inversión privada, la formalización empresarial y la simplificación de trámites, con el objetivo de impulsar el crecimiento y la competitividad del país.
La iniciativa aún no ha sido aprobada por el Parlamento. Sin embargo, de obtener el respaldo del Legislativo, el Ejecutivo podría emitir decretos legislativos para modificar normas relacionadas con el mercado laboral, el sistema tributario, las micro y pequeñas empresas (mypes), el acceso al financiamiento, el comercio exterior y otros sectores productivos.
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Cambios en el régimen laboral y reducción de feriados
Uno de los principales ejes del proyecto es la reforma del marco laboral. El Ejecutivo plantea la posibilidad de establecer un régimen progresivo que incentive la formalización laboral, incorporando cambios en los aportes a EsSalud, los sistemas de pensiones (AFP y ONP), la CTS, las gratificaciones, las vacaciones, la jornada de trabajo, las horas extras, las utilidades y la protección frente al despido.
Asimismo, propone perfeccionar el régimen de los beneficios laborales, otorgando mayor flexibilidad para que trabajadores y empleadores puedan alcanzar acuerdos, tanto de manera individual como mediante negociación colectiva. También busca regular los bonos de productividad y otros incentivos por desempeño sin carácter remunerativo, además de modificar el régimen de feriados para reducir su cantidad con la finalidad de elevar la productividad.
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Empleo juvenil y nuevas reglas para las empresas
La propuesta también contempla medidas para enfrentar la problemática del empleo juvenil. Entre ellas figura el desarrollo de mecanismos para ampliar las oportunidades laborales de los jóvenes mediante programas de formación para el trabajo, acceso a financiamiento, información sobre ofertas laborales y ajustes en los esquemas de contratación y beneficios.

Además, el Ejecutivo pretende modificar la Ley General de Inspección del Trabajo para que la Sunafil fortalezca su papel en la promoción de la formalización laboral, incorporando un enfoque preventivo sin dejar de ejercer sus funciones de fiscalización. También busca hacer más flexible el régimen de extinción de contratos por causas objetivas y precisar el tratamiento del cese por pérdida de confianza en trabajadores de dirección.
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Impulso a las mypes y al emprendimiento
Otro bloque de medidas está dirigido a fortalecer a las micro y pequeñas empresas (mypes) y a los emprendimientos. El proyecto autoriza dictar normas para promover la formalización, la productividad, la competitividad, la digitalización, la innovación, la asociatividad y el acceso a mercados, además de simplificar los procedimientos administrativos y los requisitos para operar.
También se plantea modificar el régimen tributario con el fin de fomentar la formalización y crear un impuesto a la renta empresarial único con tasas marginales y crecientes. A ello se suma la posibilidad de implementar instrumentos de capital semilla, garantías y créditos productivos para facilitar el acceso al financiamiento de emprendedores y empresas. El proyecto también propone modernizar la regulación societaria, incluyendo la Sociedad Anónima Cerrada Simplificada (SACS).
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Simplificación de trámites e impulso a la inversión
El proyecto busca reducir las cargas administrativas para ciudadanos y empresas mediante la simplificación y digitalización de procedimientos, la eliminación de requisitos considerados innecesarios y la ampliación de mecanismos como el silencio administrativo positivo y las aprobaciones automáticas. También propone fortalecer las facultades de Indecopi para combatir las barreras burocráticas.
Asimismo, se pretende racionalizar permisos, autorizaciones y certificaciones para distintas actividades económicas, facilitar la emisión y aceptación de documentos digitales y revisar el marco regulatorio para reducir costos y plazos que, según el proyecto, afectan la reactivación económica y la ejecución de inversiones.

Medidas para sectores productivos y sistema financiero
El Ejecutivo también solicita facultades para modificar normas vinculadas con los sectores agrario, pesquero, minero, turístico, energético y de infraestructura, con el objetivo de promover la productividad, facilitar inversiones, agilizar permisos y fortalecer el acceso al financiamiento y a nuevos mercados. También plantea impulsar proyectos mediante asociaciones público-privadas y otras modalidades de inversión.
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En materia financiera, el proyecto propone derogar la Ley 31143, que estableció topes a las tasas de interés, y crear un nuevo marco normativo para mejorar el acceso a información financiera. Además, busca facilitar la oferta de nuevos productos financieros y de seguros, ampliar la inclusión financiera e incluso permitir que menores de 12 años puedan abrir y mantener cuentas de ahorro bancarias.
Cambios tributarios y comercio exterior
La iniciativa también incluye modificaciones en materia tributaria y aduanera. Entre ellas figuran la simplificación de los regímenes tributarios y de las obligaciones formales, así como la creación de incentivos, exoneraciones, deducciones y beneficios temporales para promover la inversión, la innovación, el empleo y el desarrollo de sectores estratégicos.
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Adicionalmente, el Gobierno plantea perfeccionar diversos aspectos de la Ley del Impuesto a la Renta, incorporar beneficios tributarios relacionados con la capacitación de trabajadores y la contratación de jóvenes, así como optimizar el marco normativo aduanero y de facilitación del comercio exterior para reducir costos, agilizar operaciones e impulsar las exportaciones.
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