La nueva Refinería de Talara, operada por Petroperú, ha paralizado completamente sus operaciones por falta de petróleo crudo, una situación que expone la magnitud de la crisis energética y económica que afronta el país.
Según el Sindicato Unificado de los Trabajadores del Petróleo, Energía, Derivados y Afines de la Región Grau (SUTPEDARG), la interrupción no solo representa un hecho sin precedentes en la historia de la empresa estatal, sino que también evidencia fallas en la gestión y ejecución de recursos por parte de diversas entidades públicas.
El sindicato señala responsables y advierte sobre la gestión estatal
El sindicato ha responsabilizado directamente a ProInversión, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a los organismos estatales involucrados en la aplicación del Decreto de Urgencia N.º 003-2026.
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Este marco legal buscaba precisamente evitar una crisis de abastecimiento, pero la demora en la liberación de fondos y la burocracia estatal impidieron la compra oportuna de crudo.
Para los trabajadores, las consecuencias ya son palpables: la refinería detuvo sus unidades tras agotar sus últimas reservas, un hecho que, de acuerdo con SUTPEDARG, deriva de decisiones tardías y omisiones administrativas.
El comunicado de SUTPEDARG destaca que la paralización de la Nueva Refinería de Talara detiene de manera directa la producción de combustibles y afecta la economía de la provincia.
Miles de trabajadores de empresas contratistas, proveedores, transportistas, comerciantes y pequeños negocios dependen de la actividad diaria de Petroperú para sostener sus ingresos.
Demoras en la liberación de fondos agravaron la crisis
La crisis golpea a cientos de empresas proveedoras de bienes y servicios, reduce la actividad económica, pone en riesgo empleos y afecta el bienestar de numerosas familias en Talara y en la región Piura.
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El sindicato subraya que la responsabilidad de esta crisis trasciende lo económico y adquiere un carácter social, ya que compromete la seguridad energética nacional y la estabilidad de la economía local.
Según la organización, quienes permitieron que la refinería llegara a esta situación deberán “rendir cuentas por los efectos sufridos por trabajadores, familias y población“.
Estrés por falta de combustibles e impacto directo sobre Talara
SUTPEDARG sostiene que los trabajadores han mantenido operativa la refinería con profesionalismo y compromiso, pero que el desabastecimiento se originó en la falta de ejecución oportuna de los mecanismos de financiamiento aprobados por el propio Estado. En ese marco, el sindicato emitió exigencias puntuales a las autoridades responsables:
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- Liberación inmediata de los recursos necesarios para restablecer el abastecimiento de petróleo crudo y reiniciar las operaciones de la Nueva Refinería de Talara.
- Explicación pública de ProInversión sobre las causas de la demora en la ejecución del Decreto de Urgencia N.º 003-2026 y asunción de responsabilidades.
- Informe del Ministerio de Economía y Finanzas sobre por qué no garantizó la ejecución inmediata del mecanismo financiero aprobado para evitar la paralización de Petroperú.
- Acción urgente de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Gobierno para restablecer la operatividad de la refinería y evitar mayores perjuicios.
- Determinación de responsabilidades administrativas, civiles y legales por parte de la Contraloría General de la República y las instancias competentes contra quienes permitieron llegar a esta crisis.
Convocatoria a la movilización y defensa de Petroperú
Finalmente, el comunicado ha convocado a los trabajadores petroleros, organizaciones, autoridades locales, gremios empresariales, contratistas, proveedores y a la ciudadanía en general a unirse en defensa de Petroperú.
Según los trabajadores petroleros, está en riesgo no solo la continuidad de una empresa estatal, sino también el sustento de miles de familias, la economía de Talara y el desarrollo de la región Piura.
Además, reitera que exigirá que todos los responsables respondan política, administrativa y legalmente por el daño ocasionado a Petroperú, a Talara y a la sociedad.
Así, la organización rechaza que se intente responsabilizar a los trabajadores por la crisis y denuncia que la inacción y la burocracia estatal han agravado el problema.
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