Perú frente al estrés hídrico: cuando la escasez ya no es una amenaza futura

El Perú enfrenta un estrés hídrico crítico. El país ocupa el puesto 66 en el ranking mundial de estrés hídrico de la ONU y figura entre los 30 con mayor presión sobre sus recursos de agua dulce, según ha advertido Aquafondo, el Fondo de Agua para Lima y Callao. La paradoja peruana es conocida pero rara vez se traduce en políticas a la velocidad que el problema exige: el 70% de la población se concentra en la costa, una franja desértica que apenas recibe el 2% del agua disponible en el territorio nacional. Lima, una de las capitales más grandes del mundo asentadas en un desierto, es el caso más extremo de esa desigualdad. Cada habitante dispone en promedio de entre 90 y 125 metros cúbicos de agua al año, una fracción mínima del umbral de escasez que establece la Organización Mundial de la Salud.

Las cifras recientes confirman que el problema se agrava, no se estabiliza. El Instituto Nacional de Estadística e Informática reporta que la producción de agua potable en Lima Metropolitana ha venido disminuyendo desde 2024, incluso en meses de alta disponibilidad en el río Rímac, lo que apunta a problemas estructurales de gestión y no solo de disponibilidad natural. En zonas periféricas de la capital, la continuidad del servicio puede caer a cinco o seis horas diarias, frente a las 24 horas de distritos como Miraflores o Barranco, según ha explicado el Colegio de Ingenieros del Perú. Más de 11 millones de peruanos aún no acceden a un servicio adecuado de agua potable.

El cambio climático multiplica esta vulnerabilidad. El reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre el clima en América Latina y el Caribe en 2025 documenta un acelerado retroceso de los glaciares andinos, que abastecen de agua dulce a casi 90 millones de personas en la región. A ello se suman sequías persistentes y temperaturas récord, además de inundaciones que, solo en 2025, afectaron a más de 110.000 personas en Perú y Ecuador. La región ha registrado más de 2.300 desastres entre 2000 y 2024, con más de 320 millones de personas afectadas, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Frente a este panorama, el Perú cuenta desde 2009 con la Ley de Recursos Hídricos (Ley N.° 29338), que declara de interés nacional la gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica y crea a la Autoridad Nacional del Agua como ente rector único. El marco normativo existe; falta acelerar su implementación a nivel de cuenca, con participación real de gobiernos regionales, usuarios y comunidades. La seguridad hídrica no es solo un problema técnico de infraestructura: es, ante todo, un problema de gobernanza, de articulación entre Estado, academia, sector privado y sociedad civil.

Por eso el Foro Internacional 2026 de la Red RiesGIRD-ACC LAC, que reunirá a ESAN, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Agraria La Molina y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos los días 2 y 3 de septiembre, dedica uno de sus cinco ejes a la gobernanza del agua y la seguridad hídrica. La región necesita espacios donde la evidencia científica, la experiencia institucional y el conocimiento ancestral se traduzcan en decisiones concretas. El reto no es solo entender por qué falta agua, sino construir, con urgencia, los mecanismos de gobernanza que permitan gestionarla de forma justa y sostenible para las próximas generaciones.