El presidente José María Balcázar aún no termina su gestión en el Ejecutivo, pero ya inició los trámites para obtener una pensión vitalicia por haber ocupado la presidencia por un periodo de aproximadamente seis meses. En un documento enviado al Congreso, solicita que el Parlamento le reconozca el acceso a este beneficio solo disponible para los expresidentes del Perú aunque varios de sus predecesores no reciben actualmente este dinero mensual.
En conversación con Exitosa, el ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes sostuvo que el pedido atribuido a José María Balcazar “podría” tener sustento porque la ley reconoce ese beneficio a quienes ejercieron la Presidencia y solo excluye, de forma expresa, a quienes afrontan una denuncia constitucional.
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El punto en discusión no es solo si le corresponde por haber ocupado el cargo, sino cuándo y quién resolvería el caso. Delgado Guembes afirmó que Balcázar habría presentado el pedido para evitar que lo decida el próximo Parlamento, donde “probablemente tenga más dificultades” para que su solicitud sea considerada.
Según el ex funcionario, la norma aplicable es la Ley 26519, que regula el derecho a pensión vitalicia para expresidentes. Delgado indicó que Balcázar no tiene denuncia constitucional y tampoco ha sido vacado, dos factores que hoy marcan la diferencia con otros expresidentes a los que se les negó o suspendió el pago, como es el caso de Alberto Fujimori, Pedro Castillo y Dina Boluarte.
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La ley no cierra el debate sobre los presidentes que llegaron por sucesión
El ex oficial mayor describió un sistema atravesado por precedentes desiguales. Señaló que, desde 2000 hasta 2026, Perú tuvo aproximadamente 13 presidentes, con un promedio de dos años por mandatario, y que la situación se volvió más conflictiva desde Pedro Pablo Kuczynski por la acumulación de procesos y denuncias.
En ese repaso, mencionó que Toledo, Humala, Kuczynski, la viuda de Alan García y la viuda de Paniagua figuran entre quienes recibieron la pensión, mientras que otros casos quedaron fuera porque no la solicitaron o porque fue denegada. También precisó que Francisco Sagasti no pidió el beneficio, pese a haber permanecido más meses en el cargo que Manuel Merino, quien sí lo solicitó y todavía espera una resolución.
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Balcázar, según Delgado Guembes, se ubica en una zona gris pero con antecedentes favorables. “Es un caso de acceso a la presidencia mediante sucesión, no mediante elección popular”, dijo, al compararlo con Paniagua, aunque advirtió que su permanencia habría sido de apenas cinco o seis meses y que la duración no parece ser el criterio central.
En Exitosa, Delgado Guembes sostuvo que la ley no impide de forma automática que un presidente por sucesión reciba pensión vitalicia y que el Congreso debe interpretar una norma que no regula de manera expresa supuestos como mandatos breves, vacancias o accesos accidentales al poder.
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La vacancia de Dina Boluarte es el principal contraste
El ex funcionario marcó una diferencia con el caso de Dina Boluarte. Explicó que la hipótesis de la vacancia no figura entre las prohibiciones expresas de la ley, pero sostuvo que otorgar el beneficio a un mandatario destituido por incapacidad moral permanente produciría una contradicción institucional.
“Como si tú vacas por una deficiencia moral a un presidente, terminas premiándolo con una pensión vitalicia. Esa sería la paradoja”, afirmó. Con esa interpretación, ubicó la denegatoria a Boluarte no tanto en la letra cerrada de la norma, sino en los principios usados para evitar un resultado incompatible con la decisión de vacancia.
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Esa misma lógica, dijo, también podría alcanzar a Pedro Castillo, a quien igualmente se le negó el beneficio. En cambio, insistió en que Balcázar no carga con esos impedimentos y por eso su caso depende menos de una exclusión legal expresa que de la lectura política y jurídica que haga la Mesa Directiva.
El costo del beneficio supera la pensión mensual y suma personal de apoyo
El ex oficial mayor también estimó que la pensión mensual de un expresidente que accede a este beneficio ronda los 30.000 soles, a lo que se agregan seguridad, movilidad, un asesor y un asistente.
Con todos esos componentes, Delgado calculó un costo aproximado de 50.000 soles al mes. Recordó que Alan García, según dijo, declinó algunos de esos beneficios y conservó solo la remuneración y el vehículo.
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