La municipalidad de Santa Anita ejecutó la clausura del mercado Tierra Prometida durante la madrugada, acción que generó la reacción inmediata de más de dos mil comerciantes dedicados a la venta de productos frescos. De acuerdo con Panamericana Noticias, la decisión se fundamentó en la falta de licencia de funcionamiento y la ausencia de autorización de Defensa Civil.
El operativo obligó a los comerciantes a trasladar sus productos a las veredas y calles aledañas, donde intentaron liquidar su mercadería ante la imposibilidad de acceder libremente a sus puestos.
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La clausura del mercado
Según el comunicado emitido por la Municipalidad Distrital de Santa Anita, la clausura se aplicó tras verificarse que el establecimiento “continuaba operando sin licencia de funcionamiento ni con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), requisitos indispensables para su funcionamiento”.
La autoridad municipal detalló que la medida respondió al “estricto cumplimiento de la normativa vigente y respetando el debido procedimiento administrativo”.
Además, aseguró que la intervención no fue arbitraria, ya que se realizaron previamente las notificaciones y actuaciones administrativas correspondientes.
“El operativo se realizó de manera ordenada y pacífica, con la participación de las áreas competentes de la Municipalidad y en estricto respeto al debido proceso”, indica el comunicado oficial.
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Tambiém, rechazó versiones que califican la medida como desinformación y reiteró su compromiso de actuar “con transparencia, responsabilidad y firmeza para proteger la seguridad y el bienestar”.

Testimonios de los comerciantes
Desde el inicio del operativo, decenas de comerciantes protestaron por la forma en que se ejecutó la clausura, argumentando que se trató de una medida “arbitraria” y carente de diálogo previo.
“Nosotros venimos a trabajar, nos ganamos el pan del día a día con nuestro sacrificio. Aquí hay madres de familia que sostienen sus hogares con este trabajo”, manifestó una comerciante.
Consultados sobre la situación de los permisos, los comerciantes aseguraron que la responsabilidad de la tramitación recaía en la junta directiva del mercado.
“Hemos entregado los papeles, hemos intentado regularizarnos hasta cinco o seis veces, pero la municipalidad nos ha rebotado”, señaló una representante de los vendedores.

Además, detallaron que la autoridad local les exigió tramitar carnés de sanidad y otros documentos, por los cuales realizaron pagos que consideran no fueron reconocidos al momento de la clausura.
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El gerente general del mercado afirmó que el proceso administrativo no se agotó y reafirmó que la clausura de “arbitraria”. Sostuvo que la autoridad local debería priorizar la atención a otras problemáticas del distrito en lugar de intervenir en el mercado, y negó que existan construcciones ilegales, señalando que solo se realizaron mejoras para cumplir las exigencias de seguridad.
La clausura afecta a más de dos mil comerciantes y productores, muchos de ellos provenientes de provincias. Estos trabajadores se vieron obligados a rematar sus productos en la vía pública, utilizando veredas y vehículos como puestos improvisados. “Tenemos que vender en la calle porque no nos dejan ingresar al mercado”, señaló una de las comerciantes.
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