Crónica de un sismo anunciado

Los terremotos registrados en Venezuela han vuelto a dejar claro que, en pocos minutos, un riesgo latente puede convertirse en una crisis humanitaria y económica. Para Lima, con un silencio sísmico de más de 200 años, lo más grave no será que ocurra un terremoto anunciado, sino que llegue tras décadas de advertencias desatendidas.

Lima no es vulnerable por accidente. Lo es porque el Estado permitió que la ciudad creciera más rápido que su capacidad para ordenar el suelo, fiscalizar construcciones, reforzar infraestructura crítica y asegurar rutas de respuesta. Esa vulnerabilidad se muestra con claridad en viviendas levantadas sin asistencia técnica, vías en mal estado y centros de salud sin condiciones adecuadas para una emergencia.

Los datos son contundentes: 60% de las viviendas en Lima son informales, 85% de sus vías se encuentran en condiciones inadecuadas y el 70% de sus establecimientos de salud tienen capacidad instalada inadecuada. Ante un sismo mayor, esas brechas representarán obstáculos enormes para evacuar, atender heridos y restablecer servicios.

El problema no termina en el daño físico. Lima concentra más de la mitad de la actividad económica del país y es también clave en la provisión del servicio eléctrico: en los últimos cinco años, aportó casi la mitad de la energía consumida en el país. Por eso, el impacto de un terremoto mayor en la capital tendría alcance nacional, afectando la actividad económica y el bienestar de millones de peruanos. La pregunta, entonces, es inevitable: si el riesgo es conocido y el impacto sería tan grande, ¿por qué la respuesta preventiva sigue siendo tan pequeña? El Estado no puede decir que no sabía.

Ese patrón no es exclusivo de los sismos. El Niño Costero de 2017 dejó daños severos en el norte y motivó la creación de una institución para reconstruir y ejecutar obras de prevención. Casi diez años después, el país sigue sin estar listo para enfrentar un evento similar. Cambian los gobiernos, las siglas y los anuncios, pero la prevención deja de ser relevante cuando se apaga la emergencia. ¿Es, entonces, el limitado o nulo rédito político de estas inversiones lo que les resta prioridad?

El Perú ya conoce el costo de un sismo de gran magnitud. El terremoto de Pisco de 2007 demostró que la emergencia puede extenderse por años. ¿Qué no se hizo antes y qué se hizo mal después? Esas son las preguntas que nuestras autoridades entrantes y futuras deberían responder con acciones concretas antes de que la historia se repita a una escala mucho mayor. De lo contrario, el sismo anunciado en la capital será la factura, con intereses, de haber tolerado por décadas una gestión pública reactiva, discontinua e ineficiente.

Prevenir requiere mucho más que diagnósticos o discursos políticos. Exige ordenar mejor el suelo urbano, contener la vivienda informal, mejorar hospitales e infraestructura de transporte, y recuperar espacio fiscal para financiar tanto la prevención como la respuesta. Postergar esa agenda no evita costos, los acumula. Y cuando llegue la emergencia, la factura será mucho más cara.