Fiscalía logra internamiento de adolescente de 14 años por abuso de un menor de 2

La Fiscalía Provincial Mixta de Parinacochas, en Ayacucho, logró que se declare fundada la acción penal y se imponga la medida socioeducativa de seis años de internamiento efectivo contra un adolescente de 14 años, tras acreditarse su responsabilidad penal por el delito de violación sexual de un menor. La decisión dispuso, además, que el adolescente reciba de forma obligatoria tratamiento psicológico y psicosexual especializado e intensivo durante el cumplimiento de la medida.

De acuerdo con la nota de prensa del Ministerio Público, el internamiento deberá ejecutarse en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, para lo cual se cursó el oficio correspondiente. La resolución también ordenó que el tratamiento sea asumido por el equipo profesional del centro, como parte de las acciones previstas en el marco de la sanción.

La Fiscalía Provincial Mixta de Parinacochas, en Ayacucho, logró que se declare fundada la acción penal y se imponga la medida socioeducativa de seis años de internamiento efectivo contra un adolescente de 14 años, tras acreditarse su responsabilidad penal por el delito de violación sexual de un menor. La decisión dispuso, además, que el adolescente reciba de forma obligatoria tratamiento psicológico y psicosexual especializado e intensivo durante el cumplimiento de la medida.

De acuerdo con la nota de prensa del Ministerio Público, el internamiento deberá ejecutarse en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, para lo cual se cursó el oficio correspondiente. La resolución también ordenó que el tratamiento sea asumido por el equipo profesional del centro, como parte de las acciones previstas en el marco de la sanción.

Los hechos investigados en Coracora

Los hechos materia de sanción ocurrieron la noche del 14 de noviembre de 2025, en un inmueble del barrio Vista Alegre, en el distrito de Coracora, provincia de Parinacochas. Según la investigación fiscal, el adolescente se quedó a solas con la víctima —un niño de dos años— y aprovechó esa circunstancia para cometer la agresión.

La intervención de la madre del bebé resultó determinante para interrumpir lo sucedido: la agresión se detuvo cuando ella ingresó a la vivienda y advirtió lo que ocurría. Ese testimonio se incorporó al caso como uno de los elementos que sostuvieron la imputación y el avance de las diligencias.

En la investigación, a cargo del fiscal adjunto provincial Daniel Chávez Romero, se evaluaron elementos que, según el Ministerio Público, confirmaron el ultraje. Entre ellos figuran el testimonio de la progenitora, el diagnóstico médico y el certificado médico legal, señalados en la nota de prensa como componentes clave para acreditar los hechos.

Pruebas, reconocimiento y reparación civil

El Ministerio Público sostuvo que la contundencia de las pruebas científicas y materiales permitió sustentar la responsabilidad del adolescente. En ese contexto, el procesado reconoció los actos durante la audiencia de esclarecimiento, según indicó la Fiscalía en su comunicación oficial.

La decisión también fijó en S/ 8000 el monto por concepto de reparación civil. Ese pago deberá ser abonado de forma solidaria entre el adolescente infractor y su responsable civil, en favor de la parte agraviada.

El Distrito Fiscal de Ayacucho afirmó que mantendrá una actuación “con celeridad, rigurosidad y firmeza legal” frente a conductas ilícitas que vulneren la indemnidad y el interés superior de los niños y niñas, conforme consignó el comunicado institucional.

¿Se puede reeducar a un adolescente infractor?

En 2024, la Agencia Andina comentó un informe en el que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reunió a expertos para explicar por qué un adolescente infractor requiere un trato acorde a su edad y a su desarrollo neurológico y emocional. En ese marco, Javier Álvarez, representante de Unicef en el Perú, sostuvo que estos adolescentes merecen una segunda oportunidad orientada a la reinserción y afirmó que privarlos de libertad, por sí solo, no soluciona los problemas de inseguridad.

En esa misma nota, Álvarez citó estadísticas del Ministerio Público correspondientes a 2023: la participación de adolescentes en la criminalidad en el Perú representa 1.5%, mientras que 98.5% corresponde a adultos. También planteó el debate sobre la conveniencia de incorporar a adolescentes de 16 y 17 años al sistema penal de adultos.

Desde la neurociencia, Carmen Lagos, especialista en psiquiatría infantil y adolescente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, explicó que las intervenciones para resocializar deben considerar el desarrollo del cerebro y los efectos de los entornos de crianza. Y Beatriz Gamarra, oficial de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Unicef en el Perú, destacó que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que pueden cometer delitos y establece parámetros para su tratamiento, incluyendo un sistema de justicia especializado y el uso de medidas que, cuando sea posible, eviten el contacto prolongado con el sistema de justicia.