El mayor activo estratégico del Perú no es el cobre, es la infraestructura natural que sostiene su economía

Mientras el país se prepara para un nuevo ciclo político, abundan las preguntas sobre crecimiento económico, inversión, competitividad y empleo. El debate gira, como es habitual, en torno a la minería, la infraestructura, la seguridad, la estabilidad fiscal y la confianza de los mercados.

Sin embargo, hay una pregunta que rara vez aparece en la discusión pública: ¿sobre qué descansa realmente la economía?

Durante décadas hemos asumido que nuestros principales activos estratégicos son aquellos que generan ingresos directos: el cobre, el oro, el gas o la pesca. Son, sin duda, pilares fundamentales de nuestra economía. Pero existe un activo aún más importante. Uno que no suele aparecer en los balances fiscales, en las cuentas nacionales ni en los planes de gobierno.

La infraestructura natural que sostiene el funcionamiento de toda la economía.

Los bosques amazónicos regulan los ciclos hidrológicos que abastecen de agua a ciudades, industrias y sistemas agrícolas. Los glaciares alimentan cuencas de las que dependen millones de peruanos. Los humedales reducen inundaciones y almacenan agua en épocas de sequía. Los manglares protegen la costa frente a tormentas y sostienen pesquerías. Los ecosistemas altoandinos regulan la disponibilidad hídrica que hace posible buena parte de la generación hidroeléctrica y de la producción minera y agroexportadora.

Nada de ello aparece como infraestructura en el presupuesto nacional. Sin embargo, cumple exactamente esa función.

Cuando un puente colapsa, el Estado moviliza recursos para reconstruirlo. Cuando una carretera se deteriora, se asignan partidas para su mantenimiento. Pero cuando un ecosistema pierde su capacidad de regular el agua, proteger los suelos o amortiguar eventos extremos, solemos tratarlo como un problema exclusivamente del sector ambiental.

Ese es uno de los mayores errores de política pública contemporáneos a nivel global.

La degradación ecológica no solo implica pérdida de biodiversidad. También incrementa el riesgo de desastres, reduce la productividad agrícola, aumenta los costos de operación para sectores estratégicos, compromete la seguridad hídrica y genera nuevas presiones sobre las finanzas públicas. En otras palabras, deteriora las condiciones que permiten que la economía funcione.

“La pregunta es cuánto depende nuestra estabilidad económica de mantener funcionando esa infraestructura natural.”

Esta distinción resulta especialmente relevante para el próximo gobierno. Durante años hemos pensado la política ambiental como una agenda sectorial, separada de la política macroeconómica. Pero un país cuya competitividad depende del agua, de la estabilidad climática, de la productividad de sus suelos y de la resiliencia de sus cuencas no puede seguir administrando esos activos como si fueran únicamente un asunto exclusivo del Ministerio del Ambiente.

Son activos estratégicos nacionales.

El siglo XXI está obligando a replantear qué significa realmente la riqueza de un país. La competitividad ya no dependerá únicamente del volumen de minerales que exporta una nación, sino también de su capacidad para mantener las condiciones ecológicas que hacen posible producir, atraer inversión, reducir riesgos y sostener el crecimiento en el largo plazo.

El cobre seguirá siendo una enorme fortaleza para el Perú. Pero incluso el cobre depende de algo más fundamental: agua disponible, cuencas funcionales, estabilidad climática y territorios resilientes.

En economía solemos distinguir entre los activos que generan riqueza y aquellos que hacen posible generarla. El Perú posee ambos. Sin embargo, solo uno de ellos continúa siendo tratado como si fuera invisible.

Quizá el desafío más importante del próximo gobierno no sea descubrir una nueva fuente de crecimiento. Tal vez consista en reconocer que la infraestructura más valiosa del país nunca fue construida por el hombre.