Roberto Sánchez insiste con el “fraude” y presentará recurso ante la CIDH: “Tenemos el derecho”

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionando la segunda vuelta donde Keiko Fujimori lo derrotó por 49 mil votos de diferencia.

A pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya desbarató su narrativa fraudista con sendas resoluciones, Sánchez insiste en que supuestamente se afectó “gravemente” el proceso y que se cambiaron “las reglas de juego”.

“Presentaremos un recurso ante la CIDH estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y, a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares. Tenemos el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia”, manifestó en su cuenta de X (antes Twitter)

Sánchez ya había adelantado que recurriría a instancias internacionales. Lo hizo en entrevista con el portal ruso de izquierda RT en Español, donde reconoció su derrota frente a Keiko Fujimori, aunque sostuvo que el resultado fue “irregular” y anunció una coalición de resistencia contra la próxima gestión de la lideresa de Fuerza Popular, en un escenario definido por una diferencia mínima en el balotaje y por su decisión de llevar el caso ante instancias internacionales.

“Hemos luchado nosotros en el sistema electoral y creemos que de manera irregular nos han vencido, pero han vencido a este tema electoral, no a la voluntad de un pueblo que se resiste con esperanza, con alegría, con ética, porque creo que es lo que hace bastante falta en el Perú”, dijo al medio afín a su ideología.

El aún congresista afirmó que respetará lo que determinen las autoridades peruanas porque “eso es la ley”, pero aclaró que su posición no termina en la jurisdicción nacional. Según explicó, apelará “no solamente a la entidad constitucional del Perú” y buscará mecanismos en el sistema interamericano.

JNE desbarató narrativa de Roberto Sánchez

La semana pasada, el JNE publicó las resoluciones que declararon infundadas las apelaciones de Juntos por el Perú contra el rechazo de sus pedidos para anular 2.398 mesas de Lima y Estados Unidos por un supuesto “fraude”.

El JNE ya había dado a conocer el sentido de sus decisiones el viernes 19 de junio. Posteriormente, procedió a notificar el texto íntegro de las resoluciones.

El tribunal electoral rechazó el pedido porque el partido de Roberto Sánchez no cumplió con pagar la tasa. Pese a ello, los magistrados consideraron necesario desbaratar todos los argumentos con los que Juntos por el Perú buscaba invalidar 1.751 mesas de Lima Metropolitana y 647 de Estados Unidos: la supuesta “clonación de resultados” y la modificación de lineamientos para la votación en el extranjero, respectivamente.

Ambos pronunciamientos compartieron una crítica a Juntos por el Perú por haber basado su denuncia de “fraude” en meras intuiciones y sospechas, sin presentar prueba alguna de que al menos una mesa hubiera sido manipulada a favor del fujimorismo.

Para el JNE, el análisis matemático presentado por Juntos por el Perú presentaba un sesgo evidente, porque solo mostraba los votos de Fuerza Popular en una zona específica: Lima Metropolitana. El tribunal señaló que si se aplicara el mismo criterio a los resultados obtenidos por el partido de Roberto Sánchez en provincias, “probablemente se llegaría al mismo resultado”.

Sobre la supuesta “clonación de resultados”, el tribunal explicó que la coincidencia de resultados a favor de un mismo partido en diferentes mesas de un mismo local de votación era algo posible y previsible. Para llegar a esa conclusión, el JNE consideró que en una mesa de Lima había 224 votos válidos —descontando ausentes, votos blancos y nulos— y que en la capital existía una proporción de 65% para Fuerza Popular frente a 35% para Juntos por el Perú. “Los números obtenidos en el documento Excel se mueven en esta franja, entre 120 y 180 votos en la gran mayoría de los casos, por lo cual resultaba esperable que se produjera cierta reiteración del mismo número”, se leía en la resolución.

Para que el fraude masivo denunciado hubiera sido cierto, señaló el JNE, habría tenido que ocurrir algo inverosímil: que más de 5.000 miembros de mesa se hubieran confabulado para falsear las votaciones sin que ninguno hubiera formulado objeción alguna, y que se hubiera contado con la complicidad de fiscalizadores, supervisores de la ONPE, delegados de la Defensoría, funcionarios de la Contraloría, observadores nacionales e internacionales, la Policía y las Fuerzas Armadas. “La falta de seriedad de un planteamiento de tal magnitud quedó en evidencia”, rezaba el texto.

El JNE concluyó que Juntos por el Perú “pretendió la nulidad masiva de 1.751 mesas de sufragio con el acompañamiento de un cuadro Excel que ni siquiera sustentaba una sospecha, sino una estadística perfectamente posible, por lo que se trató de una especulación sin medio probatorio de apoyo".

Para alegar un supuesto fraude en la votación en el exterior, Roberto Sánchez mencionó la resolución jefatural de la ONPE que modificó los lineamientos para la votación en el extranjero. Juntos por el Perú sostuvo que con esa modificación se flexibilizaron las normas al permitir transportar el material por medios distintos a la valija diplomática. El JNE, no obstante, aseveró que esos lineamientos eran directrices operativas que no violaron la intangibilidad normativa; es decir, no se cambiaron las reglas electorales.

El tribunal también citó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se indicó que todo el material electoral retornó bajo valija diplomática, aunque los nuevos lineamientos permitían medios alternativos.

Finalmente, el JNE señaló que aceptar la nulidad habría requerido asumir una “teoría inverosímil” de confabulación masiva: que cientos de funcionarios consulares, la Alta Dirección de Cancillería —“poniendo en riesgo sus carreras de 10, 20 o 30 años”— y unos 2.000 miembros de mesa se hubieran puesto de acuerdo para falsear las votaciones, sin que nadie del JNE, la Defensoría, la Contraloría, algún observador internacional o personero se hubiera dado cuenta.