El fiscal peruano José Domingo Pérez afirmó en un podcast que teme convertirse en la primera víctima de un eventual gobierno de Keiko Fujimori, ya sea por muerte en circunstancias sospechosas o por un posible encarcelamiento. La declaración, realizada recientemente, reactivó la confrontación pública en torno a su desempeño en procesos fiscales de alto perfil. Según relató, su preocupación surge del antecedente de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman y de la situación de magistrados en Centroamérica.
La intervención de José Domingo Pérez ocurrió en un espacio de audio digital, donde expuso el temor de que una administración encabezada por la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, podría tenerlo entre sus principales objetivos. Concretamente, el fiscal sostuvo: “Creo que seré su primera víctima. No sé si muerto en un incidente extraño o de difícil investigación, como lo fue la muerte del fiscal Alberto Nisman en Argentina, quien acusó a la presidenta de su país, Cristina Fernández de Kirchner, o tal vez encarcelado, como le ocurre a muchos jueces y fiscales en Centroamérica, en una justicia cooptada”.
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Paralelismos con casos internacionales
Durante su exposición, Pérez trazó una línea directa entre su situación y la de otros fiscales de relevancia internacional. Mencionó el caso del fiscal argentino Alberto Nisman, quien fue hallado muerto en 2015 tras acusar de encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, aludió a la realidad de jueces y fiscales en países de Centroamérica, quienes —en sus palabras— han sido encarcelados en contextos de sistemas judiciales controlados políticamente.
Estas referencias no pasaron inadvertidas y generaron un intenso debate sobre el nivel de riesgo al que se enfrenta un funcionario judicial en escenarios de alta conflictividad política. La mención de experiencias extranjeras otorgó contexto a la advertencia del fiscal sobre posibles consecuencias personales en un eventual cambio de gobierno.
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Reacciones y críticas tras sus declaraciones públicas
La reaparición mediática de Pérez coincidió con un resurgimiento de las críticas acerca de su rol en la instrucción penal contra Keiko Fujimori. Desde sectores opositores, su actuación se ha presentado como una persecución judicial que habría consumido una cantidad considerable de recursos estatales y generado inestabilidad política en Perú. Uno de los argumentos más recurrentes es que el caso derivó en el encarcelamiento de la líder de Fuerza Popular por más de un año, lo que afectó tanto su entorno familiar como el desarrollo institucional.
En el debate público, se ha sostenido que la investigación dirigida por Pérez se centró en hechos que, según la visión de sus críticos, no constituían un delito. “Cientos de horas hombre y recursos públicos fueron destinados a un proceso que no debió existir”, afirma uno de los comentarios surgidos tras su intervención, y que recorre redes sociales y plataformas de opinión.
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Inversión de papeles y la figura de la víctima
El discurso del fiscal también sirvió para que detractores replantearan la noción de víctima. Desde este sector, la afectada principal habría sido la propia Keiko Fujimori, al igual que los ciudadanos que costearon la investigación y las personas del entorno de la candidata. Este enfoque invierte la narrativa propuesta por Pérez, trasladando la condición de víctima al lado opuesto del proceso judicial.
A la par, se recordó un episodio en el que Pérez habría celebrado la detención de Fujimori junto a Jaime Villanueva y sus esposas. Esta escena, mencionada en el comentario adjunto al fragmento del podcast, fue utilizada como ejemplo de la visión de justicia del fiscal y como parte del reproche moral que acompaña su figura en el debate político y social.
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Referencias a otros casos y figuras públicas
El contrapunto final en la discusión pública introdujo el nombre de José Miguel Castro, colaborador cercano de Susana Villarán. Según la réplica, Castro falleció en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Esta mención busca reforzar el argumento de que el riesgo no es exclusivo del entorno de Fuerza Popular ni de los fiscales, sino que afecta a actores de diferentes sectores de la vida política peruana.
La controversia generada por las palabras de José Domingo Pérez pone de manifiesto el clima de polarización en el sistema judicial y político del país. Su señalamiento sobre un posible escenario de riesgo personal, alimentado por antecedentes internacionales y locales, volvió a situar el tema de la independencia judicial y la seguridad de los magistrados en el centro de la agenda pública.
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