La remoción de vehículos con grúas municipales volvió al centro del debate en Lima debido a los cuestionamientos sobre la legalidad de estas intervenciones. En distintos distritos, propietarios de automóviles denuncian el retiro de sus unidades hacia depósitos municipales, situación que además implica el pago de multas y otros cargos para recuperar los vehículos.
El tema adquirió mayor relevancia tras una investigación difundida por Panamericana Televisión, que documentó el funcionamiento cotidiano de este sistema en varias zonas de la capital. El informe también incorporó el análisis de un especialista, quien sostuvo que estas acciones contradicen el marco legal vigente y las competencias establecidas para las municipalidades.
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El principal cuestionamiento se centra en la facultad de las municipalidades distritales para fiscalizar infracciones vinculadas al tránsito. Según el especialista consultado por el noticiero esa atribución corresponde únicamente a las municipalidades provinciales con el respaldo de la Policía Nacional.
“Se tiene que recalcar que las municipalidades distritales no tienen competencia en la fiscalización del tránsito. Esta competencia es exclusiva para las municipalidades provinciales con el apoyo de la Policía Nacional. El procedimiento que están haciendo las municipalidades distritales es un procedimiento ilegal que contravienen sentencias del Tribunal Constitucional”, afirmó.
De acuerdo con esa explicación, las intervenciones ejecutadas por algunas comunas distritales vulneran los criterios fijados por el Tribunal Constitucional, motivo por el cual diversos procedimientos resultan objeto de cuestionamientos.
Investigación registra intervenciones diarias en La Victoria
Las imágenes presentadas por Buenos Días Perú mostraron el desplazamiento permanente de grúas municipales en diferentes puntos del distrito de La Victoria. Durante el seguimiento realizado por el equipo periodístico, varios vehículos estacionados en la vía pública terminaron enganchados y trasladados hacia un depósito.
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El informe señaló que esta dinámica se repite durante toda la jornada. Según la investigación, más de diez unidades pueden terminar remolcadas en un solo día mediante un procedimiento que incluye la presencia constante de inspectores municipales.
Las cámaras también registraron la ubicación estratégica de algunas grúas, que permanecían fuera de la vista hasta detectar vehículos susceptibles de intervención. Después de pocos minutos de espera, otra unidad apareció para continuar con el mismo procedimiento observado durante el seguimiento.
Cuestionan el uso de normas sobre ornato público

El especialista entrevistado también sostuvo que algunas municipalidades modifican la naturaleza de las infracciones para justificar el retiro de los vehículos.
“Maquillando una situación de tránsito como si fuera una infracción al ornato público, de tal manera de que en algunos casos le ha cambiado el nombre vehículo por un tema de bien material. Es decir, no se llevan el vehículo, se llevan un bien material”, indicó.
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Según esa explicación, el cambio de denominación permitiría sustentar administrativamente el traslado de las unidades, pese a que la controversia original corresponde al ámbito del tránsito.
Recuperar el vehículo implica multas y gastos adicionales
Los propietarios cuyos vehículos terminan en depósitos municipales deben cumplir un procedimiento presencial para obtener la devolución de sus unidades. Durante la investigación, un fiscalizador explicó que el titular necesita presentar su documento de identidad, conocer la infracción registrada y cancelar los montos exigidos por la municipalidad.
Consultado sobre el costo, el funcionario respondió: “El total es mil trescientos setenta. Con el veinticinco por ciento de descuento que le da la municipalidad es setecientos veinte”. También precisó que el beneficio solo aplica para quienes cancelan el mismo día.
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Además del importe principal, el fiscalizador indicó que el propietario debe asumir el pago por permanencia en el depósito municipal. Según sus declaraciones, ese concepto representa alrededor de veinte soles diarios, monto que incrementa el costo total mientras el vehículo permanece internado.
Especialista advierte incentivos económicos en los internamientos
El análisis presentado durante el informe también abordó el impacto económico del sistema de internamiento de vehículos. Para el especialista consultado, los conductores reciben presión para aceptar la infracción mediante descuentos ofrecidos para cancelar la multa en el menor plazo posible.
“Presionan al conductor, presionan a aceptar esta infracción. Les ofrecen un descuento para que puedan retirar el vehículo en el mismo día. Simplemente les interesa internar ese vehículo al depósito, porque ese internamiento va a generar no solamente el pago de la infracción, sino el pago diario por el uso del depósito municipal. Esto se ha convertido en un vulgar negocio”, sostuvo.
El especialista también recordó que el Reglamento Nacional de Tránsito contempla medidas preventivas para determinadas infracciones. Según explicó, la acción prevista consiste en la remoción del vehículo y no en su internamiento dentro de un depósito municipal.
“El Reglamento Nacional de Tránsito considera que existen medidas preventivas cuando se cometen algún tipo de infracciones que pueden amenazar o pueden atentar contra un bien jurídico. La medida preventiva que corresponde es la de remoción del vehículo y no es la del internamiento”, señaló.
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