Organizaciones indígenas de la Amazonía peruana han solicitado al Congreso de la República una pronta aprobación del Proyecto de Ley N.° 2062/2021-CR, iniciativa orientada a otorgar reconocimiento legal a la Seguridad Indígena Amazónica (SIA) como sistema de protección y justicia frente a actividades ilegales.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), junto con otras entidades representativas de la región, envió un pedido formal al Congreso de la República para que el debate y la aprobación de esta iniciativa se incluyan en la agenda prioritaria antes del cierre de la legislatura ante el cambio de periodo.
El pedido surge en respuesta al avance de actividades ilícitas —como el narcotráfico, la tala ilegal y la minería no autorizada— que ponen en riesgo la vida y los territorios de las comunidades.
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El documento dirigido a los portavoces de las bancadas resalta que la iniciativa responde a una demanda histórica de los pueblos originarios, fundamentada en el artículo 149 de la Constitución peruana y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según la AIDESEP, la aprobación del proyecto sentaría un precedente jurídico vinculante, reconociendo la autonomía de las comunidades para establecer mecanismos propios de vigilancia y control territorial.
Por su parte, la congresista Silvana Robles Araujo, autora de la iniciativa, remitió un oficio a la Presidencia del Congreso solicitando que la propuesta sea atendida con “prioridad”.
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¿En qué consiste el Proyecto de Ley N.° 2062/2021-CR?
El Proyecto de Ley N.° 2062/2021-CR propone otorgar reconocimiento jurídico a la Seguridad Indígena Amazónica (SIA) como sistema autónomo de autoprotección y administración de justicia. El texto detalla que la SIA articula diversas formas organizativas existentes, como la Guardia Indígena, rondas y comités de vigilancia, bajo un marco legal común.
Asimismo, define la SIA como un mecanismo para salvaguardar la integridad de las comunidades y sus territorios, habilitando una respuesta organizada ante amenazas comunes. También plantea que el Estado debe coordinar acciones con las organizaciones indígenas y garantiza que los mecanismos de vigilancia no sean objeto de criminalización.
El documento señala que existen precedentes jurídicos que avalan la autonomía territorial y el derecho de las comunidades a establecer mecanismos internos de control y vigilancia. Entre los puntos principales, se incluyen procedimientos para la resolución de conflictos comunitarios y promoción de la capacitación en derechos humanos y protección ambiental.
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Desde hace cuatro años, diferentes encuentros, declaraciones y acuerdos entre organizaciones indígenas han respaldado la propuesta legislativa. Entre las entidades participantes figuran la Asociación de Nacionalidad Asháninka del Pichis (ANAP), la Central Asháninka del Río Ene (CARE), el Consejo Shipibo Konibo Xetebo (COSHIKOX), la Organización Regional de Guardia Indígena (ORGI), la Guardia Indígena del Pueblo Kakataibo (GIPKAP), además de organizaciones regionales y nacionales como ARPI-SC y AIDESEP.
Estas organuzaciones sostienen que la aprobación del proyecto es prioritaria para enfrentar el avance de economías ilegales en la región y fortalecer la capacidad de respuesta de los pueblos originarios ante situaciones que afectan su integridad y la de sus territorios.
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