Droga, armas y planillas del Estado: el doble negocio de la banda criminal que operó dentro de Sedapal y el GORE del Callao

La presencia de organizaciones criminales dentro de espacios vinculados al Estado vuelve a generar preocupación en el Callao. Una investigación fiscal y policial reveló cómo una presunta red delictiva logró obtener reconocimiento formal ante una entidad pública y acceder posteriormente a instalaciones relacionadas con servicios esenciales, mientras mantenía actividades ilegales paralelas.

El caso expone mecanismos utilizados por grupos criminales para obtener apariencia de legalidad mediante asociaciones reconocidas oficialmente y contratos laborales gestionados a través de empresas tercerizadoras. Las pesquisas también identificaron presuntas irregularidades en la documentación presentada por algunos integrantes para acceder a puestos de trabajo.

La investigación, difundida por el programa Cuarto Poder, recoge información obtenida tras dos años de seguimiento por parte de agentes especializados y representantes del Ministerio Público. Según las autoridades, la organización conocida como Los Bemos de Puerto Nuevo extendió sus operaciones más allá de las actividades ilícitas que desarrollaba en las calles del Callao.

Una estructura criminal con presencia en entidades públicas

De acuerdo con los investigadores, Los “Bemos de Puerto Nuevo” consolidaron influencia en sectores del Callao mediante actividades relacionadas con extorsiones y tráfico de drogas. Sin embargo, las pesquisas determinaron que parte de su estrategia consistió en buscar acceso a espacios estatales.

Un representante de la investigación explicó que el grupo utilizó una vía formal para constituir una organización reconocida por el Gobierno Regional del Callao. Según indicó, “había seguido un mecanismo legal, por decirlo así, conformando un sindicato de trabajadores ante el Gobierno Regional”.

La investigación sostiene que ese reconocimiento permitió a integrantes de la organización acceder a puestos laborales mediante una empresa de servicios que mantenía contratos vinculados a Sedapal. Para los agentes, dicha estructura funcionaba como una fachada que facilitaba el ingreso de presuntos delincuentes a instalaciones públicas.

El reconocimiento otorgado por el Gobierno Regional del Callao

Las pesquisas identificaron que en octubre de 2023 fue reconocida formalmente la organización social Fuerza Comunal Puerto Nuevo mediante una resolución emitida por el Gobierno Regional del Callao durante la gestión de Ciro Castillo.

Según la documentación revisada por las autoridades, la directiva de dicha organización estaba encabezada por Humberto Cosme Rodríguez, conocido como “Toro”, acompañado por su hermano Diego Cosme Rodríguez, alias “Murris”, y Michael Torres Amésquita.

Uno de los investigadores señaló que varios integrantes de esa directiva terminaron involucrados en el proceso penal. “Lo hemos agarrado al presidente, a un vocal y al secretario”, afirmó, al referirse a miembros de la organización que fueron identificados como presuntos integrantes de la red criminal.

Instalaciones utilizadas como centro de operaciones

Las diligencias realizadas por la policía y la fiscalía permitieron intervenir un espacio vinculado a Sedapal en Puerto Nuevo. Según la descripción de los agentes, el lugar presentaba condiciones incompatibles con una actividad laboral regular.

Durante la intervención fueron encontrados cerca de tres kilos de marihuana y municiones. Un investigador calificó el inmueble como “un búnker”, debido a los elementos hallados y al presunto uso que se le daba.

Las autoridades sostienen que el espacio servía para almacenar droga, armamento y municiones. Además, la investigación plantea que desde ese lugar se coordinaban actividades ilícitas vinculadas a la organización.

Imágenes obtenidas durante el seguimiento policial mostraron el ingreso frecuente de integrantes de la red a las instalaciones. De acuerdo con la investigación, los accesos se realizaban sin restricciones aparentes.

La fiscalía revisó certificados utilizados durante los procesos de contratación y concluyó que al menos uno de ellos carecía de autenticidad. Un representante del Ministerio Público afirmó: “Por lo tanto, se concluye que la documentación presentada para acceder a este puesto de trabajo era falsa”.

Las pesquisas identificaron a Michael Steven Torres Amézquita como una de las personas que presentó documentación observada por las autoridades. Según la investigación, estos documentos permitieron acreditar estudios y experiencia laboral exigidos para determinadas funciones.

Contratos mediante empresas tercerizadoras

La investigación también reconstruyó la trayectoria laboral de varios integrantes de la organización dentro de empresas contratistas.

Según la información recogida por la fiscalía, algunos de ellos trabajaron inicialmente para una empresa privada. Posteriormente, tras la finalización de ese vínculo contractual, pasaron a formar parte del consorcio Global Micha.

Un representante de la investigación sostuvo que, pese a figurar en planillas y recibir remuneraciones, los involucrados no realizaban funciones efectivas. Las boletas de pago y contratos revisados por las autoridades forman parte del material incorporado al expediente fiscal.

Respecto al uso de estos espacios, un fiscal señaló: “Son delincuentes que accedieron a un lugar que utilizaron como caleta para guardar armamento, para guardar droga, para guardar armas o municiones”.

Detenidos y personas aún buscadas

El operativo ejecutado contra la organización permitió la captura de nueve personas. Todos permanecen con mandato de prisión preventiva por 36 meses mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades además mantienen la búsqueda de Lesly Llerena Navarro y de Jesús del Piero Berríos Llerena. Según la hipótesis fiscal, este último tendría participación en el asesinato de dos adolescentes de 16 años en el contexto de una disputa vinculada al control de la venta de drogas en el Callao.

Tras más de dos años de seguimiento, vigilancia y análisis de información, la policía y la fiscalía continúan con las diligencias para determinar el alcance completo de las actividades atribuidas a Los Bemos de Puerto Nuevo y los mecanismos que permitieron su presencia dentro de espacios relacionados con el Estado.