“Gran banco minero” de Juntos por el Perú podría comprar oro ilegal y postura en inversión privada resta confianza, advierte IPE

A pocos días de la segunda vuelta electoral, el Instituto Peruano de Economía (IPE) analizó las principales propuestas de gobierno de los candidatos presidenciales y advirtió que persisten diferencias marcadas respecto al papel de la inversión privada en la economía. Durante el seminario virtual “Antes de votar: propuestas, riesgos y prioridades”, especialistas evaluaron los posibles efectos de las medidas planteadas por Fuerza Popular y Juntos por el Perú sobre el crecimiento económico, el empleo y la institucionalidad del país.

En el evento participaron Carlos Gallardo, gerente general del IPE; Roxana Barrantes, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP; y Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía y Finanzas. Los expositores coincidieron en que la próxima administración enfrentará importantes desafíos relacionados con la recuperación económica, la pobreza, la inseguridad ciudadana y el deterioro institucional.

Asimismo, señalaron que el margen de acción del futuro gobierno estará condicionado por restricciones fiscales y la necesidad de recuperar la confianza para impulsar la inversión y el crecimiento. En ese contexto, analizaron las diferencias existentes entre las propuestas económicas de ambas organizaciones políticas.

Diferencias sobre el rol de la inversión privada

Durante su presentación, Carlos Gallardo sostuvo que la principal distancia entre los planes de gobierno de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se encuentra en la visión que mantienen respecto a la inversión privada. Según indicó, Fuerza Popular la considera un elemento central para promover el desarrollo económico, generar empleo y reducir los niveles de pobreza.

En contraste, señaló que el nuevo plan de gobierno de Juntos por el Perú continúa planteando una mayor participación del Estado en la economía y mantiene propuestas que podrían afectar la seguridad jurídica. Aunque reconoció que algunas iniciativas contenidas en versiones anteriores fueron modificadas o retiradas, consideró que subsisten planteamientos relacionados con la revisión del régimen económico de la Constitución, la renegociación de contratos y cambios en el sistema de concesiones.

Critica al “gran banco minero”

Gallardo también se refirió a la propuesta de crear un “gran banco minero” destinado a la compra estatal de oro, iniciativa que, según recordó, fue mencionada por el candidato presidencial Roberto Sánchez tras el debate electoral. El economista señaló que una medida de esa naturaleza podría generar riesgos vinculados a la comercialización de mineral de origen ilegal.

Durante su exposición, el representante del IPE también expresó preocupación por algunas propuestas laborales y sociales. Como ejemplo mencionó el planteamiento de elevar la remuneración mínima a S/1.500, señalando que podría beneficiar a una parte reducida de trabajadores formales, pero generar efectos adversos sobre los procesos de formalización laboral.

Institucionalidad y financiamiento de promesas

Por su parte, Roxana Barrantes destacó que la institucionalidad constituye un factor fundamental para promover la inversión privada y sostener el crecimiento económico. En ese sentido, remarcó la importancia del respeto al Estado de derecho, la independencia de poderes y la seguridad jurídica como condiciones necesarias para atraer capitales y generar confianza.

La especialista también llamó la atención sobre la falta de claridad respecto a la forma en que se financiarían diversas propuestas planteadas durante la campaña electoral. “Ninguno deja claro cómo va a financiar esa mayor presencia del Estado”, señaló durante el encuentro organizado por el IPE.

En la misma línea, Luis Miguel Castilla sostuvo que el debate no debe concentrarse únicamente en los ofrecimientos de campaña, sino también en la capacidad real del próximo gobierno para ejecutar sus propuestas. Además, expresó preocupación por iniciativas orientadas a modificar el régimen económico vigente y ampliar significativamente la participación empresarial del Estado.

Retos para el próximo gobierno

Castilla consideró que el futuro Ejecutivo asumirá funciones en un contexto especialmente complejo, marcado por el avance de las economías ilegales, el incremento de la inseguridad ciudadana y el deterioro institucional acumulado durante los últimos años. Según explicó, estos factores representan desafíos inmediatos que requerirán respuestas efectivas y sostenibles.

El exministro también señaló que la recuperación de la inversión privada será determinante para mejorar las perspectivas económicas del país. En ese contexto, afirmó que la seguridad jurídica desempeña un papel central para generar confianza entre inversionistas y promover nuevos proyectos.

Finalmente, los participantes del seminario exhortaron a los ciudadanos a evaluar las propuestas electorales considerando no solo los objetivos planteados por los candidatos, sino también su viabilidad económica, institucional y fiscal. Según coincidieron, el próximo gobierno deberá combinar responsabilidad fiscal, fortalecimiento institucional y medidas orientadas a recuperar la confianza para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.