
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP) con pase a la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, prometió derogar las llamadas leyes procrimen si llega al poder, pero admitió en entrevista con el periodista Víctor Caballero que él mismo votó a favor de una de las más cuestionadas y que varios congresistas de su bancada registran al menos un voto favorable a ese conjunto de normas que el Ministerio Público ha señalado como obstáculos para la persecución del delito.
La contradicción más directa es la ley 31989, aprobada en el Pleno del Congreso el 13 de marzo de 2024. La norma derogó la disposición complementaria del Decreto Legislativo 1607, que facultaba a la Policía Nacional del Perú (PNP) a intervenir a mineros con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) sorprendidos en posesión de explosivos sin autorización. El portal LP Derecho advirtió que Sánchez no solo votó a favor en la votación principal, sino también en la exoneración de la segunda votación.
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En ‘Brutalidad Política’, Sánchez defendió su voto argumentando que la ley buscaba corregir una discriminación contra los pequeños mineros que, al no poder obtener contratos con titulares mineros, quedaban imposibilitados de almacenar explosivos de forma legal. “Bajo ningún concepto he apoyado situaciones irregulares en ninguna ley”, afirmó en la entrevista. Ante la insistencia del periodista sobre si se reafirmaba en ese voto, el candidato admitió estar “dispuesto a una nueva evaluación”, lo que equivale a una apertura a rectificarse.
Una agenda legislativa en favor de la minería informal
La postura de Sánchez en materia minera abarca más que ese voto puntual. El candidato suscribió al menos diez proyectos orientados a la minería informal entre 2024 y 2025, entre ellos respaldos a múltiples ampliaciones del Reinfo. Sánchez justificó esas ampliaciones señalando que el Estado fracasó en su intento de centralizar la formalización minera.
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“Si el Estado fracasó en su intento excepcional de regular y de provocar formalización, ¿qué era lo que correspondía?“, planteó. Rechazó de forma tajante las acusaciones de recibir financiamiento de la minería ilegal. “Yo no le recibo un centavo ni un gramo de nada. Yo lo hago por convicciones”, sostuvo.

Sobre el resto de las leyes procrimen, Sánchez reconoció que congresistas de su bancada —integrada por militantes de distintos partidos— registran votos favorables a algunas de ellas, pero aclaró que nunca impuso una directriz de voto al bloque. “Cada quien tiene que dar cuenta de sus actos”, afirmó. En las otras 17 votaciones vinculadas a leyes procrimen, el candidato votó en contra en 16 oportunidades y se abstuvo en una, según LP Derecho.
Velarde, Castillo y el gabinete en construcción
El candidato también enfrenta cuestionamientos por sus declaraciones previas sobre el Banco Central de Reserva (BCR), en las que anunció que echaría a su presidente, Julio Velarde, el primer día de gobierno. En la entrevista con Caballero matizó esa posición: afirmó que su crítica apunta a la gestión individual de Velarde —en particular a que Perú mantiene solo el 5% de sus reservas internacionales en oro, frente al 30% o 40% de países vecinos— y no a la autonomía del BCR como política de Estado. “Estamos en plena capacidad de tomarnos un café con el señor Julio Velarde y dialogar”, señaló, dejando abierta la posibilidad de que el funcionario continúe en el cargo.
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En el plano político, Sánchez confirmó que indultaría a Pedro Castillo si es condenado por rebelión, y reveló que tras el intento de disolución del Congreso del 7 de diciembre de 2022 gestionó personalmente el asilo político de la esposa e hijos del expresidente. Sobre su voto en abstención durante la vacancia de Castillo ese día, explicó que no llegó al Congreso a tiempo y que desconocía la proclama presidencial. “Si yo hubiera sabido lo que iba a hacer nuestro presidente, hubiera votado en contra”, afirmó. La Corte Suprema lo excluyó del caso por golpe de Estado en enero de 2025, tras dos años de investigación.
Respecto a su alianza con Antauro Humala, Sánchez rechazó las propuestas más radicales del líder etnocacerista: el fusilamiento de corruptos, la pena de muerte ampliada, la expropiación de canales de televisión y la creación de campos para migrantes venezolanos. “Nosotros no vamos a expropiar en coherencia al gobierno del presidente Pedro Castillo ni un sueño, ni una voluntad, ni una pesadilla, ni mucho menos la propiedad”, afirmó. Para el gabinete, confirmó conversaciones con el exfiscal José Domingo Pérez para el área de seguridad y justicia, con el médico Hernando Cevallos para Salud y con el economista Jorge Manco Zaconetti para Energía. La segunda vuelta está fijada para el 7 de junio.
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