Jorge Nieto cuestiona compra de F-16 y alerta crisis en el Ejecutivo: “Nadie le ha hecho caso al presidente”

La crisis política generada por la compra de aviones F-16 sin el respaldo del presidente José María Balcázar ha abierto un debate sobre el deterioro de la autoridad presidencial. En declaraciones a RPP, el presidente del partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, cuestionó directamente el accionar del Ejecutivo y alertó sobre sus implicancias institucionales.

Nieto recordó que el propio mandatario había señalado públicamente que la adquisición no debía concretarse durante su gestión. “El presidente dijo que no se iba a hacer la compra, sino hasta el próximo gobierno”, enfatizó, al subrayar que existía una posición clara antes de la firma del contrato.

Desde su perspectiva, lo ocurrido evidencia una ruptura en la cadena de mando. Sostuvo que la voluntad expresada por el jefe de Estado fue ignorada por sus propios ministros, lo que configura un hecho de alta gravedad política. En ese sentido, calificó la situación como un “golpe administrativo”, al considerar que decisiones clave se tomaron sin respetar la autoridad presidencial.

El exministro advirtió que este tipo de precedentes debilitan el sistema democrático, ya que normalizan que otros actores del Ejecutivo adopten decisiones de Estado sin seguir la línea del mandatario. A su juicio, aceptar este escenario implicaría asumir como habitual una fractura en la conducción política del país.

Cuestionamientos a la toma de decisiones

En la misma entrevista, Nieto profundizó en las consecuencias del episodio y planteó la necesidad de revisar no solo el contrato, sino el funcionamiento del régimen político. Consideró que el problema trasciende el aspecto administrativo y alcanza el núcleo de la gobernabilidad.

Indicó que cualquier modificación en un proceso de esta magnitud requiere sustento técnico y documentación que la respalde. Sin embargo, insistió en que el punto más crítico es el precedente político que deja el caso, al evidenciar que el presidente no logra imponer su decisión dentro de su propio gabinete.

“Nos estamos acostumbrando a que distintas personas que no sean el que lleva la representación de la nación, el encargo constitucional de dirigir la política de defensa y la política internacional, no se le haga caso”, señaló.

También advirtió sobre los riesgos de que este tipo de situaciones se repitan. A su entender, permitir que ministros o altos funcionarios actúen en contra de la voluntad presidencial podría erosionar aún más la institucionalidad. En esa línea, insistió en que el tema debe ser revisado para evitar que se convierta en una práctica recurrente.

Cronología de la compra y contradicciones dentro del Ejecutivo

El conflicto se originó el viernes 17 de abril, cuando el presidente Balcázar anunció en televisión que la compra de los aviones F-16 sería suspendida y que el tema quedaría en manos del próximo gobierno. La posición fue reiterada días después en distintas intervenciones públicas.

Sin embargo, el lunes 20, el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, autorizó la firma del contrato. Pese a que el mandatario estaba al tanto de este proceso, continuó sosteniendo que la operación no se concretaría durante su gestión.

La situación se agravó el 22 de abril, cuando se confirmó que el contrato ya había sido firmado. En paralelo, se reveló que el presidente había bloqueado el desembolso del dinero correspondiente al primer pago, instruyendo al Ministerio de Economía y Finanzas a no ejecutar la transferencia.

Este escenario generó una contradicción dentro del Ejecutivo: mientras el acuerdo avanzaba en su fase contractual, el propio jefe de Estado insistía en que la compra debía ser postergada.

Renuncias, críticas y decisiones que profundizan la crisis política

Tras la confirmación de la firma del contrato, dos ministros dejaron el gabinete. Carlos Díaz renunció al Ministerio de Defensa, mientras que Hugo de Zela también se apartó de la Cancillería y cuestionó duramente al mandatario.

Díaz defendió la legalidad del proceso y aseguró que el contrato se firmó conforme al cronograma establecido. Sostuvo que la decisión había sido adoptada meses antes y que no recibió ninguna comunicación oficial que ordenara suspender la compra.

Por su parte, De Zela acusó al presidente de haberle mentido al país, lo que elevó el nivel de confrontación dentro del Ejecutivo. Ambos exministros coincidieron en que la operación seguía su curso pese a las declaraciones públicas de Balcázar.

En el Congreso, el tema también generó reacciones. El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, advirtió sobre las consecuencias políticas de las decisiones del mandatario y se empezó a evaluar una posible moción de censura.

Mientras tanto, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió un comunicado señalando que el Perú honraría sus compromisos internacionales en relación con la compra de los aviones. Este pronunciamiento contrastó con el mensaje del jefe de Estado, quien reiteró que no había participado en las negociaciones.