El candidato presidencial Roberto Sánchez sostuvo que la adquisición de los aviones F-16 por parte del Ejecutivo es la prueba de que, a su juicio, Keiko Fujimori es quien ejerce el verdadero poder en el país, y no el presidente interino José María Balcázar. El actual congresista atribuyó la reciente compra de aeronaves militares a una maniobra política que, según él, revela la influencia decisiva del fujimorismo sobre las instituciones del Estado y la orientación de la política de defensa, planteando interrogantes sobre la legitimidad y transparencia del proceso.
“El presidente ya no gobierna. Quien toma las decisiones y conduce el país es la señora Keiko Fujimori. Este es su gobierno, aunque no haya ganado las elecciones”, afirmó el congresista durante una reciente conferencia de prensa.
En la última semana, la política peruana ha sido sacudida por la dimisión simultánea del canciller Hugo de Zela y el entonces ministro de Defensa Carlos Díaz. Esto fue provocado por la decisión presidencial de suspender la adquisición de los 24 F-16 Block 70, valorada en USD 3.500 millones. El proceso, originalmente acordado durante el gobierno de José Jerí y ratificado por el actual presidente José María Balcázar, alcanzó un punto crítico tras la advertencia de posibles sanciones por parte de Estados Unidos.
La operación se declaró secreta durante la gestión Jerí y su ejecución exige un desembolso inicial de USD 2.000 millones antes del 22 de abril, lo que intensificó el enfrentamiento entre los sectores políticos y militares del país. La mayor parte del financiamiento proviene de bonos soberanos autorizados en la Ley de Endeudamiento del Sector Público, implicando un compromiso presupuestario a largo plazo.
El candidato presidencial Roberto Sánchez afirmó que la adquisición de los aviones F-16 evidencia la influencia de Fuerza Popular en el Ejecutivo. Sostuvo que un ministro vinculado al partido tiene el control de las Fuerzas Armadas y cuestionó el rol de Keiko Fujimori en las decisiones del Gobierno. Fuente: Facebook/Roberto Sánchez
Sánchez acusa a Keiko Fujimori de ejercer el poder real en el Gobierno
Roberto Sánchez criticó abiertamente la influencia de Fuerza Popular sobre la estructura decisoria del Gobierno, focalizando su señalamiento en la figura de Keiko Fujimori. “Este es el gobierno de su ministro de Defensa que ella puesto. Hay un ministro que hoy, de Fuerza Popular, puesto por ellos, tiene al mando las Fuerzas Armadas. La señora habla y hasta los ministros se allanan. Los ministros renuncian para no contradecir a la que quien gobierna hoy como cabeza política este régimen”, expresó Sánchez, en alusión directa a la reciente designación dentro del sector Defensa.
El congresista afirmó que el manejo de las Fuerzas Armadas se encuentra alineado con la agenda de Fuerza Popular, reforzando su tesis de un Ejecutivo sujeto a poderes externos a la presidencia formal. Sostuvo: “Gobierna usted sin haber ganado. Ha subvertido el sistema de justicia para seguir haciendo los grandes negocios de Estado que hacen ricos a una oligarquía en el Perú”.
El nombramiento de Amadeo Javier Flores Carcagno como nuevo ministro de Defensa, tras la renuncia de Carlos Díaz Dañino, fue formalizado en una ceremonia oficial en Palacio de Gobierno. Flores Carcagno, abogado con maestría en Desarrollo y Defensa Nacional y experiencia anterior en el ministerio, asume la cartera en un contexto de alta sensibilidad política y militar. Su perfil académico y profesional incluye roles en asesoría ministerial, gestión legislativa, administración pública y docencia superior.
La controversia de los F-16 profundiza la crisis política y diplomática
La compra de los F-16 estuvo precedida de un proceso de negociación discreto y, posteriormente, de una crisis política de envergadura. La postergación de la operación por parte del presidente interino José María Balcázar el mismo día del vencimiento del primer pago derivó en la renuncia inmediata de dos ministros clave: el titular de Defensa y el canciller Hugo de Zela. De Zela y Díaz acusaron a Balcázar de no haber dicho la verdad respecto al avance del contrato.
El premier Arroyo Sánchez explicó, mediante un comunicado difundido por la Cancillería el 22 de abril, que la negativa a autorizar el desembolso inicial de USD 2.000 millones antes del 22 de abril puso en riesgo la continuidad del programa y expuso al país a posibles sanciones por parte del proveedor estadounidense y de socios internacionales. La embajada de Estados Unidos, representada por Bernie Navarro, advirtió en la red social X que, de confirmarse mala fe en la negociación, “Estados Unidos utilizaría todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos y la región”.
La decisión de comprar aviones F-16 ha desatado una grave crisis en el gobierno peruano. El intento del presidente José María Balcázar de suspender la adquisición generó las renuncias de su Ministro de Defensa y del Canciller, revelando profundas divisiones internas y acusaciones de mentiras.
En términos contractuales, la operación suponía la transferencia de tecnología estratégica, la modernización del Grupo Aéreo N.º 4 en Arequipa y la cesión sin costo adicional de un avión cisterna Boeing KC-135R valorado en hasta USD 50 millones. La suspensión temporal dejó en suspenso estos beneficios, así como la ejecución del convenio industrial con coproducción de drones para la Fuerza Aérea peruana.
El exministro de Defensa afirmó en RPP que la compra estaba plenamente cubierta en la ley de endeudamiento y que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional validó la opción estadounidense en el periodo 2025-2026, un dato que contradice las explicaciones dadas posteriormente por el presidente Balcázar.
La ratificación del contrato por parte del primer ministro se sustentó en compromisos legislativos y acuerdos adoptados por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, señalando que incumplir el cronograma pondría en riesgo tanto la modernización militar como la credibilidad internacional del Perú. El Ejecutivo reconoció como prioridad tanto el fortalecimiento de la defensa como la reducción de desigualdades sociales, en un esfuerzo por equilibrar agendas ante la presión interna y externa.
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