Crisis por compra de aviones F-16: ¿por qué se firmó el contrato pese a que el presidente Balcázar habría detenido el proceso?

Renuncias en el gobierno de José María Balcázar tras las discrepancias por la compra de aviones F-16. El exministro de Defensa, Carlos Díaz, explicó y defendió la decisión de avanzar con la firma del contrato, pese a que el presidente había señalado públicamente que el proceso se vería recién en el siguiente gobierno.

Según precisó Díaz, la decisión del mandatario, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no fue formalizada mediante un documento oficial. Indicó que su anuncio de detener la compra solo fue comunicado en declaraciones a medios de comunicación. En ese contexto, sostuvo que, al no existir una orden escrita que modificara o anulara lo ya acordado y oficializado mediante decreto supremo, se procedió con la firma del contrato el lunes 20 de abril.

El exministro añadió que esta situación era conocida en el Ejecutivo y que, por ello, las declaraciones del presidente negando la firma del contrato lo sorprendieron.

Por su parte, el excanciller Hugo de Zela fue más duro que su colega y calificó al presidente de “mentiroso” por sostener que la compra se encontraba suspendida.

“Es particularmente grave que un jefe de Estado mienta”, declaró en entrevista con RPP.

¿Cuándo se oficializó la compra?

El exministro de Defensa, Carlos Díaz, explicó que la compra de los aviones F-16 siguió un procedimiento estatal previamente aprobado en instancias de seguridad nacional, lo que hacía que la firma del contrato fuera, en la práctica, la etapa final de un proceso ya definido.

Según su versión, la adquisición fue discutida y validada en el marco del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, un órgano colegiado integrado por altos funcionarios del Ejecutivo y responsables del sistema de defensa. En ese espacio, dijo, se adoptaron acuerdos que orientaban la compra como parte de una decisión estratégica del Estado.

Díaz sostuvo que estos acuerdos fueron posteriormente formalizados mediante decretos supremos, lo que les da carácter obligatorio dentro del aparato estatal. Bajo ese esquema, la firma del contrato no implicaba decidir nuevamente si se compraba o no el equipamiento, sino ejecutar una decisión ya aprobada en niveles superiores.

En esa línea, remarcó que el proceso estaba regulado por normas específicas de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas y por un marco de “régimen especial” que ordena cómo se concretan este tipo de adquisiciones. Por ello, insistió en que los funcionarios actuaron dentro de los plazos y procedimientos establecidos.

Por qué la decisión no podía ser desautorizada unilateralmente

El exministro también explicó que el carácter vinculante de los acuerdos del Consejo de Seguridad Nacional limita la posibilidad de que una autoridad política posterior los desconozca de forma unilateral.

Durante su intervención, subrayó que, una vez adoptada la decisión en ese nivel y formalizada mediante decreto supremo, su cumplimiento se vuelve obligatorio para las entidades involucradas en la ejecución. En ese sentido, afirmó que no correspondía detener el proceso solo por una posición política expresada después.

Consultado sobre la postura del Ejecutivo, sostuvo que el presidente no podía simplemente desconocer lo ya acordado, porque el procedimiento había pasado por instancias colegiadas y había sido convertido en norma oficial del Estado.

El exministro fue enfático en que la fase final del proceso —la firma del contrato— pertenecía al ámbito administrativo y operativo, no a una nueva deliberación política. Por ello, consideró que paralizarlo en ese punto habría implicado contradecir decisiones previamente adoptadas y formalizadas.