La familia de una menor víctima de abuso sexual enfrenta una espera angustiante luego de que Luis Miguel Quispe Campos, condenado a 30 años de prisión por violación sexual de una menor, se mantenga prófugo tras la sentencia emitida por la Corte Superior de Justicia del Callao. Esta situación ha puesto a los más cercanos en peligro, quienes reclaman la intervención urgente de las autoridades para garantizar la captura del sentenciado y la seguridad de su entorno.
La sentencia, dictada en marzo por la Corte Superior de Justicia del Callao, establece una condena de 30 años de pena privativa de libertad de carácter efectiva para Luis Miguel Quispe Campos, encontrado responsable del delito de violación de la libertad sexual en agravio de una menor. El proceso judicial, iniciado tras la denuncia de la familia, se extendió por seis años y culminó con un fallo que la familia considera solo parcialmente reparador ante la ausencia del sentenciado, quien no se presentó a la lectura del veredicto.

La lucha por encontrar justicia
La madre de la víctima relató que la denuncia surgió dos años después de los hechos, ocurridos en 2018, cuando su hija, aún menor de edad, narró con detalle los episodios de abuso a manos de un familiar cercano.
Durante el proceso, la familia convivió con el temor y la incertidumbre. La madre explicó que su hija desarrolló miedo a salir de casa ante la posibilidad de cruzarse con su agresor.
“No salía porque me decía: ‘Mamá, de repente me la encuentra mi tío Luis en su carro o me la encuentra en el colegio, en la puerta’. Ella tenía miedo”, relató la madre al programa Ocurre Ahora de ATV.
La situación se agrava porque el sentenciado, quien es psicólogo de profesión, atendía a menores y tenía acceso a niños en su entorno laboral. La madre de la menor remarcó que la condena no representa un cierre definitivo para su familia, ya que la ausencia de Quispe Campos mantiene latente el riesgo de represalias.

De esta manera, teme a que el agresor regrese para hacerle daño a su familia o a la víctima como parte de una “venganza”.
Ante ello, exige garantías personales y medidas de protección ante el temor de que el prófugo pueda intentar acercarse a ellos. Las autoridades judiciales han reiterado que la orden de captura está vigente y que corresponde a la Policía Nacional ejecutar la detención del sentenciado, cuyo paradero actual se desconoce.
Canales de ayuda
- El Centro de Emergencia Mujer ofrece atención integral y gratuita a víctimas de violencia familiar y sexual. Los CEM brindan apoyo legal, psicológico y social en todo el país, facilitando la denuncia y el acompañamiento durante todo el proceso.
- La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial, disponible las 24 horas del día, que brinda orientación, consejería y soporte emocional a personas afectadas por violencia de género.
- La Policía Nacional del Perú cuenta con comisarías especializadas y personal capacitado para atender denuncias de violencia de género. Ante una situación de peligro o emergencia, cualquier persona puede acercarse a la comisaría más cercana o llamar al 105 para solicitar ayuda inmediata.
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