
El documento solicita al Ministerio Público iniciar diligencias preliminares y ordenar la recolección y preservación del material audiovisual difundido en redes sociales. También se pide tomar la declaración del denunciante, citar al investigado para que ejerza su defensa y realizar peritajes antropológicos, socioculturales e informáticos para determinar el contenido discriminatorio y verificar la autenticidad del video.
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Asimismo, la denuncia requiere que se identifique plenamente al acusado a través de las plataformas digitales y que se conserven los registros como direcciones IP y publicaciones. Finalmente, se solicita que, de encontrarse elementos suficientes, se formalice la investigación preparatoria y se formule acusación conforme a ley.
Mensajes difundidos tras resultados electorales
Según la denuncia, los mensajes fueron emitidos inmediatamente después de la difusión de los resultados oficiales de la ONPE, en el marco de las Elecciones Generales 2026. En ese contexto, el streamer usó sus redes sociales para lanzar expresiones ofensivas dirigidas contra la población puneña y otras regiones del sur.
Los denunciantes sostienen que no se trató de insultos aislados, sino de una conducta que generaliza y estigmatiza a un grupo humano por su origen étnico-cultural, asociándolo de manera peyorativa con los resultados electorales. Esto, indican, evidencia un móvil discriminatorio agravado por el contexto político y el alto nivel de sensibilidad pública.
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El documento detalla que el investigado difundió un video con frases consideradas vejatorias y deshumanizantes. Para los denunciantes, estas expresiones constituyen actos de menosprecio y humillación contra la población andina, lo que encajaría en el delito de discriminación previsto en el artículo 323 del Código Penal.
“Cuando se agrede a los pueblos quechuas, aymaras y amazónicos, no se ataca solo a una población: se hiere al Perú profundo, al Perú verdadero, al Perú de todas las sangres”, señaló la Asociación de mártires y víctimas del 09 de enero.
Disculpas no eliminan responsabilidad penal
Antes de esta nueva denuncia, el abogado cusqueño Dennis Llamoca ya había presentado una acción legal por los mismos hechos. El letrado advirtió que las disculpas públicas ofrecidas por el streamer no lo eximen de responsabilidad penal, debido a que se trata de un presunto delito común y no de carácter privado.
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Según explicó, en este tipo de casos la acción penal es perseguida por el Ministerio Público, por lo que la retractación no elimina la posible configuración del delito. “No es un proceso privado de querella”, sostuvo, al señalar que la investigación puede continuar independientemente de una disculpa pública.
El abogado también indicó que, de acreditarse los hechos, el caso podría derivar no solo en una sanción penal, sino también en el pago de una reparación civil a favor de la sociedad, al considerar que los agraviados son colectivos, en particular poblaciones andinas.

Asimismo, precisó que la Fiscalía ya inició diligencias preliminares, que incluyen la toma de declaración del investigado, la revisión del material audiovisual y otras pericias. Incluso, señaló que el investigado deberá rendir su manifestación ante el Ministerio Público como parte del proceso en curso.
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