Chats de WhatsApp revelan desorganización en la ONPE antes de las elecciones 2026: “Mañana no podrán votar”

Una serie de mensajes internos de trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) evidenciarían problemas logísticos en la distribución de material electoral días previos a las elecciones generales de 2026. Los chats, difundidos en el programa Contra Corriente de Willax, muestran coordinaciones fallidas, retrasos y falta de recursos que habrían afectado el despliegue de unidades hacia distintos puntos de votación.

Entre los mensajes, se advierte la falta de personal para el traslado. “No tenemos a los comisionados de ONPE. Entonces, nos estamos demorando acá. Tenemos todas las unidades ya listas (…) y no tenemos comisionados”, señaló una trabajadora en uno de los registros. Esta situación habría impedido que camiones previamente preparados pudieran iniciar sus rutas programadas.

A ello se suman reportes sobre la ausencia de material electoral en centros de distribución. “Nos comunican (…) que no hay material electoral para ser trasladado o no se completan los camiones”, indicó otro trabajador, quien precisó que el personal desconocía los detalles de la situación y se mantenía a la espera de instrucciones.

Problemas logísticos y advertencias

Los mensajes también reflejan una serie de dificultades operativas que se habrían registrado desde días antes del proceso electoral. Entre ellas figuran unidades sin combustible, fallas mecánicas, demoras en rutas y falta de custodia en puntos clave de distribución.

En uno de los chats se reporta: “Unidad de equipos sin combustible”, mientras que en otro se solicita apoyo urgente: “Auxilio mecánico o transbordo urgente. A la espera de partir”. Estas incidencias habrían impedido el normal traslado del material el sábado 11 de abril hacia los locales de votación.

Incluso, algunos trabajadores advirtieron posibles consecuencias en el desarrollo de la jornada electoral. “Mañana los electores no podrán sufragar”, se lee en uno de los mensajes, considerado como una alerta sobre el impacto que podrían tener los retrasos acumulados en la entrega de materiales.

Observaciones de la Contraloría

Las dificultades logísticas también fueron advertidas por la Contraloría General de la República, que realizó acciones de control antes del día de la votación. Según explicó su vocero, Guzmán Vera Coronel, el equipo auditor identificó incumplimientos en la programación del transporte.

“Había un vehículo que debió haber estado presente a las 10:00 p.m. y no llegó a esa hora. El equipo auditor terminó a las 02:00 a.m. o 03:00 a.m. y nunca llegó ese vehículo”, señaló para las cámaras del citado medio. Estas observaciones formaban parte de un seguimiento previo que, según indicó, fue comunicado oportunamente a la entidad electoral.

El vocero precisó además que las acciones de control no fueron improvisadas. “No es un trabajo que hacemos de la noche a la mañana (…) previamente hemos puesto en conocimiento del titular de la entidad”, afirmó, en referencia a las alertas emitidas antes de las elecciones.

Cuestionamientos por contratación de Gálaga

Según informó Contra Corriente, existen cuestionamientos en el proceso de contratación del servicio de transporte del material electoral. En la licitación participaron empresas como Gálaga, Hermes y AFI, bajo el requisito de contar con al menos 40 camiones con una capacidad mínima de 10 metros cúbicos.

Sin embargo, la evaluación técnica aplicada habría generado controversia. Según se detalla, a los vehículos de una de las empresas se les descontó el espacio correspondiente a la cabina del piloto y copiloto, lo que redujo su capacidad por debajo del mínimo exigido, lo que lo puso en desventaja frente a Gálaga.

Al respecto, Juan Carlos Pinto, especialista en contrataciones del Estado indicó que este criterio no estaba contemplado en las bases. “Los términos de referencia no te dicen que esos 10 metros cúbicos se van a contabilizar restando esta cabina”, explicó, señalando que esta condición se conoció recién en la etapa de evaluación.

Presuntos direccionamientos

Las diferencias en la evaluación técnica han generado cuestionamientos sobre un posible direccionamiento en el proceso. Según Contra Corriente, el análisis presentado, mientras una empresa fue descalificada por este criterio, otra habría sido favorecida pese a cumplir solo con lo mínimo requerido.

“Ese criterio es nuevo (…) de ningún modo se había explicado”, añadió el especialista, quien también indicó que otras empresas participantes formularon observaciones similares.

Por otro lado, se han planteado interrogantes sobre las decisiones adoptadas dentro de la ONPE durante el proceso de contratación, así como sobre posibles responsabilidades administrativas o penales. Estas situaciones podrían ser materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Samamé fue enviado de vacaciones

Según informó el programa de noticias, el ahora exfuncionario de la ONPE, José Samamé, quien actualmente colabora con la Policía en la investigación, afirmó a las autoridades que no quiso firmar la licitación con la empresa Gálaga debido a las observaciones formuladas por la Contraloría.

De acuerdo con esta versión, el funcionario fue enviado de vacaciones el 10 de febrero, en medio del proceso de contratación del servicio de transporte de material electoral. Tras su salida, el despacho quedó encargado a Juan Antonio Fang Sánchez, quien asumió funciones entre el 13 y el 19 de febrero.

El reportaje señala que el contrato con la empresa Gálaga fue firmado el 19 de febrero, coincidiendo con el periodo en el que Samamé no se encontraba en funciones, lo que ha genera cuestionamientos sobre la secuencia de decisiones adoptadas en la entidad.

Impacto en el proceso electoral

Los problemas logísticos registrados habrían tenido efectos en el desarrollo de la jornada electoral, con reportes de largas colas y dificultades para que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto en algunos locales.

Mientras tanto, desde la ONPE se ha señalado que no se registraron irregularidades graves, sino “un error puntual, extraordinario”, según declaró su jefe, Piero Corvetto ante el Congreso.