La crisis que atraviesan las empresas de transporte público en Lima alcanzó un punto crítico. Cerca del 60 % de los choferes han abandonado sus puestos por temor a extorsiones y ataques violentos, una situación que llevó al gobierno a anunciar la instalación de cámaras de seguridad en los buses, con el objetivo de devolver la tranquilidad a conductores y pasajeros.
Ola de extorsión y buses detenidos
Lo que sucede con la empresa Translicsa grafica claramente la gravedad del problema en la ciudad. Según testimonios, la mayoría de los vehículos se encuentra fuera de servicio debido a la inasistencia de sus trabajadores.
Julio Bertoneche, representante de empresas de transporte, detalló que solo seis conductores se presentaron a trabajar después del último atentado, y aunque la cifra se triplicó en los días siguientes, la mitad de la flota sigue inmovilizada.
Esta parálisis no solo afecta a los empleados. Decenas de buses permanecen varados y empolvados en los patios de las empresas, mientras los pasajeros ven interrumpido el servicio y enfrentan condiciones de inseguridad.
La crisis se extiende en distritos como San Martín de Porres, donde los vehículos inutilizados reflejan el temor creciente entre los trabajadores del sector.
La Policía Nacional del Perú (PNP) modificó su estrategia para enfrentar la ola delictiva. Según informó Infobae, patrullas policiales acompañan a los conductores en rutas críticas, y se han instalado puestos de auxilio rápido en zonas de alta incidencia.
Estas medidas buscan disuadir a los extorsionadores y restaurar la confianza de los choferes, quienes han visto vulnerada su seguridad en repetidas ocasiones.
Cámaras de seguridad y plan de emergencia
La respuesta estatal incluyó un acuerdo entre el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.
El gobierno transferirá fondos a la Municipalidad para la adquisición e instalación de cámaras de videovigilancia en los buses de transporte público.
Los dispositivos serán monitoreados por la comuna limeña y deberán implementarse en un plazo máximo de 30 días. Esta iniciativa se suma a planes de mayor alcance, como el proyecto Protránsito, que prevé semaforización inteligente y mejoramiento de la circulación vehicular en la ciudad.
El Poder Ejecutivo, según la información difundida, priorizará la financiación de sistemas tecnológicos para reforzar la seguridad.
El proyecto de semaforización inteligente, valorado en 150 millones de dólares, será financiado por el Banco Mundial y abarcará 500 intersecciones de Lima.
El gobierno también anunció el próximo establecimiento de un Puesto policial de acción rápida en el Corredor Seguro de Chuquitanta, uno de los sectores más golpeados por la delincuencia.
La crisis llevó a las empresas de transporte a demandar apoyo social para las familias de los conductores afectados. Entre las solicitudes figuran becas educativas para los hijos de choferes víctimas y la aplicación de la Ley 32490, que otorga bonos a los deudos.
El alcalde Reggiardo destacó la importancia de avanzar en la creación de una Guardia Municipal Metropolitana y la implementación de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, propuestas que serán evaluadas en el próximo Consejo de Ministros.
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