La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó un nuevo esquema de convenios que busca destrabar y agilizar proyectos de inversión pública en regiones y municipios. El cambio reduce de nueve a tres los modelos existentes, con el objetivo de simplificar procesos, ordenar la intervención técnica del Estado y mejorar los tiempos de ejecución de obras en distintos niveles de gobierno.
La medida fue oficializada mediante resolución publicada en el diario oficial El Peruano y redefine la intervención del Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI), entidad técnica encargada de brindar asistencia a los gobiernos subnacionales en el desarrollo de infraestructura pública.
Qué cambia desde ahora
En términos prácticos, esto implica reglas más claras y menos carga administrativa para que los gobiernos regionales y locales accedan al soporte técnico del Estado, especialmente en etapas clave de formulación y ejecución de proyectos.
Hasta ahora, la existencia de múltiples modelos generaba procesos más largos y, en algunos casos, duplicidades en la gestión. Con la reducción, se busca estandarizar los procedimientos, facilitar la toma de decisiones y hacer más predecible la intervención del OEDI en distintas fases de los proyectos de inversión.
Más intervención técnica en todo el proceso
Uno de los cambios principales es que el OEDI tendrá una participación más activa a lo largo del ciclo de inversión, lo que amplía su rol más allá de la asistencia puntual.
Esto incluye la elaboración de estudios de preinversión, el desarrollo y actualización de expedientes técnicos, así como el acompañamiento durante la ejecución física de las obras, especialmente en los casos en que la entidad haya participado en el diseño. Este enfoque busca dar continuidad técnica a los proyectos y reducir errores en etapas posteriores.
El jefe del OEDI, Julio César Palacios García, indicó que esta actualización permitirá ordenar los mecanismos de intervención y mejorar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de inversión en regiones y municipios, donde suelen concentrarse las mayores brechas de infraestructura.
Impacto en la ejecución de proyectos
La medida apunta a mejorar la calidad técnica de los proyectos desde sus etapas iniciales, un factor clave para evitar retrasos, modificaciones o paralizaciones durante la ejecución, problemas recurrentes en la inversión pública.
Al contar con un acompañamiento más estructurado, los gobiernos subnacionales podrán desarrollar expedientes técnicos más consistentes y contar con asistencia especializada en momentos críticos del proceso. Esto resulta especialmente relevante en proyectos vinculados a servicios básicos, donde fallas en la planificación suelen traducirse en demoras, sobrecostos o interrupciones.
Más de 2.700 obras paralizadas
La decisión de simplificar los convenios se da en un escenario marcado por un alto número de proyectos detenidos en el país. Según datos preliminares de la Contraloría General de la República, hasta enero de 2026 existen 2.741 obras públicas paralizadas a nivel nacional, una cifra superior a la registrada al cierre de 2025.
El año pasado cerró con 2.416 proyectos detenidos, lo que implica un incremento de 325 obras en pausa. Estas iniciativas, correspondientes a los tres niveles de gobierno, representan una inversión superior a los S/ 67.139 millones que no está generando beneficios para la población.
De acuerdo con el organismo de control, una de las principales causas de esta situación es la limitada capacidad técnica en la gestión de inversiones públicas, un factor que incide directamente en fallas de diseño, problemas en expedientes técnicos y dificultades durante la ejecución.
Las cifras reflejan además diferencias por nivel de gobierno. Alrededor del 20% de las obras del Gobierno nacional se encuentran paralizadas, mientras que en el ámbito regional la cifra bordea el 15%, evidenciando brechas en la capacidad de gestión.
A nivel territorial, Cusco concentra el mayor número de obras detenidas, con 382 proyectos, seguido de Puno (277) y Áncash (cerca de 200). También destacan Ayacucho y Cajamarca, con más de un centenar de iniciativas paralizadas. En paralelo, regiones con mayor presupuesto como Lima, Arequipa, La Libertad y Piura registran igualmente altos niveles de obras en pausa.
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