Perú promulga un decreto de urgencia para reactivar más de 12.000 obras paralizadas por falta de presupuestos

La ministra de Economía peruana, Denisse Miralles, rechazó que la emisión del reciente decreto de urgencia por parte del Gobierno sea una reacción a la posible censura del presidente José Jerí, quien enfrenta un debate congresal el martes debido a dos investigaciones fiscales sobre presunto tráfico de influencias. Según narró el medio local ‘Panorama’, Miralles declaró que el decreto no implica la realización de desembolsos extraordinarios, sino una redistribución de los fondos existentes para hacer frente al estancamiento de proyectos públicos clave. En ese contexto, la funcionaria expuso que la medida busca que alcaldes y gobernadores cuenten con recursos para completar obras en curso antes de iniciar nuevas iniciativas.

El Gobierno de Perú estableció un decreto de urgencia con el propósito de reactivar más de 12.000 obras que permanecen paralizadas en todo el país a causa de la falta de presupuesto, según informó el medio ‘Panorama’. Estas intervenciones, detalladas por el Ejecutivo, requieren una inversión conjunta superior a los 21.000 millones de soles peruanos, equivalentes a 5.281 millones de euros, y abarcan múltiples sectores de la infraestructura nacional. El Decreto de Urgencia n.º 001-2026, anunciado por la titular de la economía peruana, estará acompañado más adelante por un pedido de crédito suplementario al Congreso, sustentado en expectativas de un incremento en la recaudación tributaria para el primer trimestre del año, detalló ‘Panorama’.

La ministra Miralles argumentó que la normativa adoptada tiene como objetivo primordial permitir una repriorización del gasto público. Explicó que la disposición se centrará en la reasignación de recursos para proyectos que cuenten con contratos vigentes y que atraviesan dificultades administrativas, principalmente en lo relativo a retrasos en los pagos. “Hemos sacado un decreto de urgencia que nos va a permitir repriorizar el gasto y orientarlo hacia proyectos que estén con contrato y tengan alguna demora en el pago”, precisó la ministra, según recogió ‘Panorama’.

La responsable del Ministerio de Economía hizo hincapié en que el decreto de urgencia no representa, en sí mismo, una erogación adicional de fondos, sino un proceso de redistribución que reorganiza el presupuesto ya aprobado para asegurar que las obras paralizadas puedan continuar avanzando. Miralles insistió en que la iniciativa está destinada principalmente a apoyar a los gobiernos locales y regionales, facultándolos para ejecutar sus planes de infraestructura vigentes antes de embarcarse en nuevos proyectos, tal como consignó el medio ‘Panorama’.

Adicionalmente, la ministra anticipó que la reactivación de las iniciativas actualmente detenidas requerirá el respaldo de un crédito suplementario, el cual será formalmente solicitado al Congreso conforme se concrete una mejora en la recaudación tributaria del país durante los primeros meses de 2026. Ese procedimiento, explicó según ‘Panorama’, se llevará a cabo una vez que se cuenten con cifras claras de los ingresos generados por concepto de tributos, lo que permitiría ampliar la capacidad de financiamiento estatal sin comprometer la disciplina fiscal previamente establecida.

Frente a las especulaciones sobre la finalidad política del decreto, Miralles negó que la decisión del Ejecutivo busque impedir la posible censura al presidente Jerí, hecho que formará parte de la agenda del Congreso en una sesión en la que se abordarán dos investigaciones del Ministerio Público sobre supuesto tráfico de influencias, detalló el medio. “El decreto no es ningún desembolso, estamos redistribuyendo”, puntualizó la ministra, reiterando que la medida responde a una necesidad administrativa de ordenar el gasto y desbloquear proyectos de importancia nacional.

Con el impulso de este decreto, el Gobierno espera avanzar en la resolución de un problema que afecta de manera directa a miles de comunidades, dado que la paralización de obras públicas no solo representa una pérdida de inversión, sino que priva a la ciudadanía de servicios e infraestructura esencial. Según publicó ‘Panorama’, la prioridad inmediata radica en utilizar los recursos existentes para concluir tareas en marcha y consolidar la reactivación de proyectos cuya suspensión impactó el desarrollo social y económico en distintas regiones del país.

La medida contempla que la finalización de las obras actualmente suspendidas favorezca a las administraciones municipales y regionales, permitiendo que estas también se preparen para la ejecución de nuevos emprendimientos a futuro, una vez que sean aprobados recursos complementarios. Este redireccionamiento de fondos, según lo relatado por la ministra y recogido por ‘Panorama’, tiene como finalidad dotar de mayor eficiencia al proceso de ejecución presupuestaria y optimizar el uso de los recursos públicos asignados para infraestructura.

La situación de las más de 12.000 obras paralizadas constituye uno de los retos principales para la gestión de recursos y el desarrollo en el país. El decreto de urgencia representa, según señala el Gobierno a través de sus voceros, una herramienta temporal mientras se obtiene la autorización del Congreso para canalizar nuevos fondos hacia estos fines. En este contexto, la expectativa se centra ahora en que la mayor recaudación prevista para el primer trimestre de 2026 proporcione un margen fiscal para respaldar el esfuerzo de reactivación y evite futuras interrupciones en proyectos de inversión pública, de acuerdo con lo informado por ‘Panorama’.