El avance del crimen organizado contra las empresas de transporte público de la capital, que en los últimos meses registran un aumento notorio de extorsiones y ataques de presuntos sicarios contra choferes —incluso cuando conducen vehículos llenos de pasajeros— ha provocado una migración significativa de conductores al extranjero, principalmente a España.
La televisora Latina informó que la empresa VIPUSA, cuyos buses cubren rutas desde Ancón hasta Villa El Salvador, enfrenta un impacto considerable. El 30 % de sus conductores renunció o decidió cambiar de actividad en los últimos meses.
El patio de maniobras, que antes alojaba cerca de 400 unidades, actualmente no supera el medio centenar y la compañía suspendió sus operaciones tras recibir nuevas amenazas. La falta de presencia policial intensifica la sensación de desprotección entre los empleados.
La demanda de choferes en España representa un incentivo adicional para quienes buscan emigrar. De acuerdo con la televisora, que recogió testimonios de trabajadores, cada mes llegan a ese país cerca de 20 conductores peruanos en busca de oportunidades, tanto en transporte público como en el sector de carga pesada. Varios optan por llevar a sus familias, con el objetivo de encontrar mayor seguridad y estabilidad.
Hasta junio de 2024, más de 3,5 millones de peruanos residían en el extranjero, lo que equivale al 10,3% de la población nacional, según el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI). El 16,1% de los migrantes eligió España como país de destino, cifra solo superada por Estados Unidos.
En noviembre del año pasado, el entonces presidente interino, José Jerí, promulgó una ley contra la criminalidad dirigida al transporte urbano y anunció medidas adicionales al estado de emergencia vigente en Lima y Callao para enfrentar la delincuencia organizada.
La norma contempla el congelamiento de cuentas utilizadas para extorsionar a transportistas y el monitoreo de empresas con movimientos financieros sospechosos o que reciben pagos irregulares. Además, la Policía Nacional (PNP) y la Fiscalía especializada intervendrán rutas y concesiones en situación de riesgo y se creará un registro nacional de empresas vulnerables a la extorsión.
Jerí afirmó que la ley “nunca es suficiente”, pero subrayó su “firme decisión y determinación” para cumplir los compromisos asumidos. El Gobierno aprobó la normativa un día antes del paro organizado por transportistas urbanos de Lima y Callao, quienes protestaron contra el crimen organizado tras la muerte de decenas de trabajadores en los últimos meses.
La administración del gobernante José María Balcázar evalúa otorgar un bono a transportistas afectados por extorsión, mientras se han incorporado cerca de 400 agentes y el Escuadrón Los Halcones al patrullaje de calles y se ha dispuesto que al menos dos policías viajen en cada unidad, con el fin de brindar seguridad a conductores y pasajeros en zonas específicas.
El general Jorge Castillo, jefe de la Región Policial Lima, afirmó que la estrategia tiene como objetivo frenar las extorsiones y asegurar la operación del servicio.
La expresidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, señaló antes de su salida que las extorsiones bajaron 40 % a nivel nacional entre enero y el 15 de marzo de 2026 frente al mismo lapso del año anterior, resultado que atribuyó al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad.
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