Una auditoría realizada por la Contraloría General reveló que cerca de 70 trabajadores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aparecen implicados en el trámite irregular de más de 700 Documentos Nacional de Identidad (DNI).
El organismo de control detectó que los servidores públicos gestionaron los documentos para sí mismos, colegas y otras personas, sin que los beneficiarios acreditaran el pago correspondiente o reunieran los requisitos para acceder a la gratuidad, según consignó el informe difundido por Infobae.
El análisis de la Contraloría General abarca los años 2023 y 2024. Según el informe de control N.° 001-2026-2-0646-AC, los funcionarios de la Dirección de Servicios Registrales (DSR) registraron al menos 436 trámites de DNI sin comprobar el pago exigido por el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).
El método empleado consistía en seleccionar la opción “pérdida” en el sistema informático oficial, el Sistema Integrado Operativo (SIO), lo que permitía que el campo “recibo de banco” se completara automáticamente con ceros y se omitiera el requisito de pago.
Mecanismos irregulares
La investigación identificó que la modalidad se utilizó principalmente en la Oficina Descentralizada de San Pablo (Loreto) y la Oficina Registral Lurín (Lima).
En esta última, tres trabajadores usaron sus accesos para tramitar hasta cuatro DNI para un mismo compañero en menos de cinco meses, sin que existiera comprobante del abono de tasas.
Los trámites avanzaron hasta la aprobación final por personal de la Subdirección de Procesamiento de Identificación (SDPI), sin que se advirtiera la omisión. El costo de estas tasas puede llegar hasta S/ 41, según los conceptos administrativos requeridos.
La Contraloría General detalló que, tras la prohibición nacional del uso de la opción “pérdida” en abril de 2024 —medida reiterada en junio de ese año—, se realizaron 97 trámites de DNI tras esas restricciones, lo que expone una vulnerabilidad en los controles internos.
Además, se reportaron 1816 trámites para mayores de edad con la opción “pérdidas”, sin que los recibos de pago quedaran registrados como “utilizados”. Esto genera el riesgo de que ciudadanos reutilicen un recibo para tramitar un segundo DNI o gestionen la devolución de tasas, pese a que el documento ya fue emitido.
Gratuidad otorgada sin sustento
La auditoría también identificó 266 casos en los que se otorgó la gratuidad del DNI sin sustento a empleados del Reniec y terceros, en contravención de lo dispuesto en la normativa interna. Se detectó que trabajadores registraron trámites para sí mismos y para colegas bajo la opción de “gratuidad”, sin adjuntar documentos que probaran condiciones de vulnerabilidad, como discapacidad, afectación por desastres naturales o pertenencia a sectores en pobreza extrema.
En la Oficina Registral de Chosica (Lima), dos funcionarios tramitaron DNI para compañeros utilizando la gratuidad, sin documentación que sustentara la condición de afectados por desastres. Un caso similar se localizó en la Oficina Registral de Huancayo (Junín), donde un servidor obtuvo el beneficio para sí mismo.
Las deficiencias en el sustento documental también alcanzan a los expedientes por discapacidad: el sistema SIO no reflejaba la existencia del carné del CONADIS, aunque en ocasiones sí existía respaldo físico, o no se dejó constancia alguna en los archivos, pese a que el ciudadano tenía la condición requerida.
Infobae informó que la Contraloría General estableció presunta responsabilidad penal en tres trabajadores, dos de los cuales ya no trabajan en la institución. Además, 69 servidores enfrentarían procesos administrativos por los hechos detectados.
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