
Cerca de 260 mil estudiantes volverán a las aulas en Cusco bajo una temporada de lluvias. En la región, uno de cada dos colegios públicos requiere ser demolidos y reemplazados por representar riesgo de colapso, lo que compromete la seguridad de 57,5 mil alumnos. Según Minedu, cerrar la brecha de infraestructura educativa en la región demandaría una inversión aproximada de S/ 33,2 mil por estudiante, por encima del promedio nacional (S/ 26,6 mil).
Disparidades entre provincias
Esta vulnerabilidad varía según provincias y se concentra en el ámbito rural: nueve de cada diez locales educativos que requieren sustitución total se ubican fuera de las zonas urbanas. Además, 9 de las 13 provincias tienen a más de la mitad de sus colegios en riesgo de colapso. Destacan Canas, Canchis y Paucartambo, donde 7 de cada 10 instituciones requieren ser demolidas, mayoritariamente en áreas rurales.
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Las brechas también se reflejan en el acceso a servicios básicos. Al 2025, menos de la mitad de los locales de educación básica en la región (47,3%) cuenta simultáneamente con electricidad, agua y desagüe, lo que deja a más de 59 mil estudiantes sin acceso adecuado a estos servicios. Las diferencias entre provincias también son marcadas: mientras que en Cusco más del 80% de los colegios tiene acceso a estos tres servicios, en Paucartambo y La Convención la cobertura llega a menos del 40%.
Baja ejecución presupuestal
En este contexto, el presupuesto no ha logrado traducirse en avances proporcionales. En 2025, Cusco fue la tercera región con mayor presupuesto de inversión asignado para educación, solo por debajo de Lima y Puno; sin embargo, su nivel de ejecución la ubicó entre las 10 regiones con menor avance. Este rezago ocurre pese a que entre 2024 y 2025 los montos asignados y ejecutados, descontados por inflación, se mantuvieron prácticamente constantes. Para 2026, el presupuesto programado es incluso menor a lo que la región venía ejecutando.
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El ajuste para 2026 se explica principalmente por el recorte en recursos destinados a la categoría presupuestal “Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular”, cuyo presupuesto cayó 24,7% respecto al año previo. Dentro de esta, la inversión en intervenciones integrales de educación básica (orientadas a fortalecer el desarrollo y competencias a lo largo del ciclo formativo) se redujo 28,2% en promedio, mientras que la inversión en infraestructura y equipamiento público (destinada a asegurar condiciones físicas y equipamiento para un adecuado funcionamiento) cayó 31,7%.

A ello se suman riesgos estacionales que presionan aún más la infraestructura. Entre marzo y mayo, el Cenepred estima que, debido a las lluvias intensas, Cusco registra 4.303 locales educativos expuestos con riesgo alto y muy alto ante movimientos en masa, y 3.143 expuestos ante posibles inundaciones. En esa situación y cuando los colegios se tornan inhabitables, la respuesta temporal suele ser la instalación de módulos prefabricados. En la región, el 47,0% de las edificaciones educativas llevan ocho años de uso en promedio, pese a ser concebidos en principio como soluciones de emergencia. Esta situación incrementa el riesgo de colapso, al considerar que apenas 5,7% de estas edificaciones tiene una infraestructura adecuada.
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La precariedad de la infraestructura educativa en Cusco evidencia problemas en la gestión de los recursos públicos, y sin una inversión eficiente, será difícil garantizar un entorno adecuado para el aprendizaje y el mejor desempeño académico en la región. En este escenario, es crucial seguir impulsando colaboraciones público-privadas para acelerar las inversiones en el sector y mejorar las condiciones en las escuelas.
Elaborado por Miguel Alzamora, economista senior del IPE, con colaboración de Maylith Coronel
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