A pocos días de haber asumido la jefatura del Instituto Nacional Penitenciario del Perú, Jorge Cotos Ochoa encabezó su primer operativo de control dentro del sistema penitenciario. La intervención se realizó en el establecimiento penitenciario de Trujillo y contó con la participación de la viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada, quien además se desempeñaba como jefa interina de la institución tras la reciente salida del anterior titular.
El operativo comenzó cerca de las 6:00 de la mañana y se concentró en el pabellón N.° 13 del penal, donde permanecen recluidos más de 200 internos. Durante varias horas, agentes penitenciarios realizaron una requisa detallada de las celdas y pertenencias de los reclusos.
Como parte del procedimiento, los internos fueron trasladados uno a uno al patio del pabellón para realizarles una revisión corporal, mientras el personal penitenciario inspeccionaba cada uno de los ambientes. También se revisaron áreas comunes como los servicios higiénicos y la cocina del pabellón.
Durante la intervención se incautaron armas punzocortantes y se detectaron conexiones eléctricas clandestinas dentro del penal, las cuales fueron desinstaladas por el personal encargado de la seguridad.
La actividad marcó la primera acción pública del nuevo jefe del sistema penitenciario, en un momento en que el control de los penales se encuentra bajo especial atención de la ciudadanía.
Supervisión en Pacasmayo y Chiclayo
La jornada de trabajo no se limitó al penal de Trujillo. Posteriormente, Cotos y la viceministra Valdez se trasladaron al establecimiento penitenciario de Pacasmayo, donde el jefe del INPE recorrió los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad.
En ese centro penitenciario verificó las condiciones en las que permanecen recluidas 106 internas y revisó el funcionamiento de los espacios destinados al control y tratamiento penitenciario.
Más tarde continuó la agenda en el establecimiento penitenciario de Chiclayo. Allí inspeccionó los pabellones del Régimen Cerrado Especial, etapa C, así como el pabellón 4 del Régimen Cerrado Ordinario de máxima seguridad.
Durante la visita también sostuvo una reunión con trabajadores de la Oficina Regional Norte del INPE para evaluar el cumplimiento de las funciones del personal penitenciario y las medidas de seguridad aplicadas en los establecimientos de la zona.
“He venido para fortalecer las disposiciones del Gobierno frente a la lucha contra la inseguridad ciudadana y para intensificar el control y la seguridad en los establecimientos penitenciarios”, señaló el titular del INPE.
Quién es Jorge Cotos, el nuevo jefe del INPE
El Gobierno de José María Balcázar designó a Cotos como presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE mediante la Resolución Suprema N.° 054-2026-JUS, publicada el 8 de marzo de 2026.
El cargo lo convierte en la máxima autoridad del sistema penitenciario peruano y en el responsable de dirigir la administración de los establecimientos penitenciarios del país.
Cotos cuenta con varios años de trayectoria dentro del sistema penitenciario. A lo largo de su carrera ha ocupado distintos cargos de dirección dentro del INPE, principalmente en dependencias regionales.
En 2013 fue designado director de la Oficina Regional Sur–Arequipa y posteriormente ejerció funciones como director de la Oficina Regional Lima. También se desempeñó como director de la Región Norte del INPE, desde donde supervisaba establecimientos penitenciarios ubicados en ciudades como Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Jaén, Chota, Huancabamba y San Ignacio.
Crisis del INPE y reorganización del sistema penitenciario
La llegada de Cotos a la jefatura del INPE ocurre en medio de una crisis institucional que ha puesto en debate el funcionamiento del sistema penitenciario peruano.
En los primeros meses del año, en un lapso menor a dos semanas, se registraron fugas de internos que permanecían bajo custodia del personal penitenciario en centros de salud, lo que evidenció fallas en los protocolos de seguridad fuera de los establecimientos penitenciarios.
Estos hechos se sumaron a cuestionamientos por deficiencias en los registros de internos, información desactualizada sobre traslados y problemas de coordinación entre establecimientos penitenciarios.
En ese contexto, el Ejecutivo decidió impulsar una reforma estructural del modelo penitenciario. El gobierno oficializó la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que absorberá al INPE, al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES).
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