Ministro de Energía, Ángelo Alfaro, responde ante el Congreso por falta de GNV y GLP: “Es la crisis energética más grave de las últimas dos décadas”

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, compareció este jueves ante el pleno del Congreso para informar sobre la crisis en el suministro de gas natural vehicular (GNV) y gas licuado de petróleo (GLP), que afecta a miles de familias y sectores productivos en el país. Durante su intervención, reconoció la falta de infraestructura alternativa para garantizar la seguridad energética nacional.

La emergencia, provocada por la rotura simultánea de los ductos de líquidos y gas natural en el kilómetro 43 del sistema operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, fue calificada por el ministro como “la crisis energética más grave de las últimas dos décadas”.

Durante su exposición, el titular del Minem reveló la magnitud del desabastecimiento: de los 800 millones de pies cúbicos diarios que habitualmente se distribuyen, actualmente solo se están atendiendo cerca de 70 millones. “Realmente la reducción ha sido tremenda, brutal. Estamos a casi con el 9% nada más de atención”, enfatizó ante el Parlamento.

Mencionó que la situación se agravó por la “ausencia de un anillo energético ni un gasoducto alternativo” que pudiera suplir el servicio en caso de contingencia: “Esto ha demostrado que nuestro sistema energético nacional tiene dependencia absoluta de una sola infraestructura. Después de más de veinte años de Camisea, seguimos dependiendo de un solo ducto. Chile, que no es productor, tiene cinco ductos para abastecerse. Nosotros, siendo productores, solo tenemos uno”.

Frente a la reducción de la oferta de gas, recordó que el Gobierno dispuso que se priorice el abastecimiento residencial y de servicios esenciales. “Se ha priorizado a las amas de casa, los hospitales y los ómnibus del Metropolitano, así como los camiones de recolección de basura”, precisó Alfaro. La suspensión del servicio a los taxistas y transportistas particulares, aunque genera incomodidad, fue considerada una medida inevitable para evitar el corte en los domicilios, donde no existen alternativas de abastecimiento.

Además, mencionó la emisión de un decreto supremo que autoriza a las industrias a utilizar combustibles alternativos como GLP y diésel 2, exonerándolas temporalmente de los trámites habituales. Esta decisión busca evitar que la industria presione sobre el limitado stock de gas natural y así asegurar la continuidad de las operaciones productivas mientras dura la emergencia.

Respecto al impacto económico, Alfaro advirtió que la crisis interna se ha cruzado con el conflicto en el Medio Oriente, generando una presión en el precio del barril de referencia. “Estas acciones prácticamente han formado una tormenta perfecta”, indicó, aunque aseguró que la situación no será permanente y se espera retomar el servicio normal el próximo 14 de marzo.

Insistió en que la crisis “no será permanente”, pero exhortó a elevar la protección del gasoducto de Camisea a la categoría de activo crítico nacional y a convertir la seguridad energética en una política de Estado. “La sumatoria de esfuerzos de los actores involucrados permitirá superar esta crisis en poco tiempo”, concluyó, aunque recordó la necesidad de una planificación estratégica que reduzca la vulnerabilidad del sistema energético peruano frente a futuras contingencias.

¿Qué originó la crisis energética y cómo respondió el Gobierno?

La falla se produjo durante trabajos de mantenimiento en la estación de válvulas de TGP, cuando una llamarada causó la rotura de los tubos de líquidos y gas natural que transportan el combustible desde la planta de Las Malvinas hasta la planta de licuefacción. Transportadora de Gas del Perú, empresa privada concesionaria del sistema, confirmó que el incidente es el más grave ocurrido en más de veinte años de operaciones.

El ministro Alfaro detalló que la causa exacta del siniestro aún se encuentra en investigación. Equipos de Osinergmin, el organismo regulador encargado de supervisar la seguridad de la infraestructura energética, ya se desplazaron al lugar para fiscalizar los trabajos de reparación y determinar las responsabilidades. El acceso a la zona, caracterizada por condiciones geográficas adversas y ausencia de vías terrestres, dificultó la llegada de materiales y personal especializado, por lo cual las Fuerzas Armadas brindaron apoyo logístico con helicópteros.

Desde el momento en que se notificó la emergencia, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en el sistema de distribución de gas y creó un comité de crisis integrado por representantes del COES, Osinergmin, OEFA, Repsol, Calidda, Calpa y la propia TGP. El objetivo es coordinar acciones inmediatas para restaurar el suministro y minimizar el impacto en la población y la economía nacional.