El Ministerio de Salud activó equipos de emergencia en la región Cusco después de que una fuga en el gasoducto de Camisea provocó que al menos 35 personas fueran atendidas por problemas respiratorios y oculares. Ante las dificultades de acceso y las amenazas a la salud que enfrentan hasta 500 habitantes locales, las autoridades han reforzado el monitoreo y la respuesta para contener los efectos sanitarios del incidente, que ocurrió en el distrito de Megantoni el 1 de marzo, según informaron funcionarios y líderes comunales a TVPerú Noticias.
En la última actualización, la directora general de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional de Salud del Minsa, Fany Berenice Ortiz, detalló que hasta el momento se han registrado 35 atenciones médicas directas en la comunidad de Alto Saringabeni. Estas intervenciones han identificado casos de conjuntivitis, dificultades respiratorias y molestias gastrointestinales. Ortiz precisó a TVPerú Noticias que la zona presenta condiciones extremas de aislamiento: “La población más cercana está a dieciséis kilómetros. Acceso a la zona todavía no hay. Se han desplazado seis brigadistas con personal de la municipalidad, y hoy han salido quince profesionales más para reforzar la atención”.
Las cifras de impacto no son definitivas. Líderes comunales y miembros de Defensa Civil han confirmado a TVPerú Noticias que unas 60 familias, unas 500 personas, estarían expuestas a la contaminación por la fuga de gas natural y la inhalación de humo derivada de la explosión.
Dificultades de acceso y comunicación en la zona afectada
El gasoducto de Camisea atraviesa la selva virgen de Bajo Urubamba donde no existen carreteras y el transporte terrestre es imposible. “La única forma de acceder es fluvial. Desde Camisea hasta la comunidad son aproximadamente dos horas en bote, y desde ahí, llegar a la zona de la deflagración requiere nueve horas a pie”, explicó Ortiz a TVPerú Noticias.
Las condiciones de aislamiento se agravan por la falta de señal de telefonía móvil. “No hay comunicación. No existe señal para que nos comuniquen. Estamos a la espera de que los equipos encuentren un lugar desde donde puedan comunicarse y nos den más información”, subrayó la funcionaria.
En estas circunstancias, la coordinación interinstitucional con las Fuerzas Armadas y la empresa privada ha sido compleja. Ortiz indicó que se han evaluado opciones de traslado en helicóptero, pero las condiciones climáticas, especialmente la temporada de lluvias y la presencia de humo, han dificultado las operaciones aéreas. Mientras tanto, el Ejército y la Fuerza Aérea del Perú apoyan con la movilización de equipos y materiales mediante transporte aéreo.
La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) y el consorcio responsable han solicitado asistencia militar y estiman que la reparación del ducto y la restauración plena de la seguridad podrían demorar hasta 14 días tras el incidente.
Características y distribución de la población impactada. Síntomas y problemas de salud detectados en la población
Ortiz especificó que las familias afectadas no están concentradas en un solo punto, sino que se distribuyen en comunidades dispersas, principalmente los centros poblados de Kitaparay y Saringabeni. “La tipología de la población es dispersa, no están todas en un solo lugar. Conforme avanzan, van atendiendo a quienes presentan síntomas”, detalló al medio TVPerú Noticias.
Las primeras 35 atenciones realizadas cubrieron desde pacientes con conjuntivitis e irritación ocular hasta personas con molestias respiratorias y digestivas. Entre los síntomas reportados figuran dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, vómitos, mareos y erupciones cutáneas. “El humo puede causar distintos cuadros, de espasmo o tos a problemas digestivos y de piel, como rash o picazón”, sostuvo Ortiz.
Hasta ahora, no se ha registrado ningún caso de quemaduras ni lesiones traumatológicas. La directora del Minsa señaló: “No tenemos ningún reporte de heridos, de quemados, de nada. Solamente los síntomas que describo”.
La posibilidad de contaminación del río Saringabeni preocupa a la población local, dada la dependencia de estos cursos de agua para consumo y actividades cotidianas. Los líderes comunales, como Abraham Taracaya de Kitaparay, señalaron a TVPerú Noticias la urgencia de un monitoreo ambiental independiente y la evaluación constante de los efectos del incidente en la salud y el entorno.
En la zona, existen seis establecimientos de salud pertenecientes a la micro red Camisea, desde donde se ha movilizado personal adicional para la atención inmediata, en colaboración con el gobierno local.
500 personas afectadas por fuga de gas natural piden atención médica
La priorización sanitaria fue activada en cuanto se detectaron los primeros síntomas entre las cerca de 500 personas identificadas dentro de la zona de influencia directa del incidente. Los afectados han solicitado la presencia de brigadas médicas especializadas y monitoreo ambiental permanente.
Los ciudadanos entrevistados por TVPerú Noticias insisten en la necesidad de que tanto TGP como las autoridades de salud informen sobre las causas de la explosión, implementen medidas preventivas y brinden transparencia sobre el proceso de reparación y respuesta sanitaria. El regidor Jhon Luna añadió como demanda que se “estudie el impacto en el río Saringabeni y se priorice la salud y seguridad de los habitantes”.
El municipio de Saringabeni conformó un comité de contingencia local, mientras que la Defensoría Civil de Megantoni ha proporcionado apoyo inicial y ha empeñado recursos en la asistencia de los casos más urgentes. A pesar de la movilización, persisten retrasos y dificultades para la llegada de equipos y especialistas, agravados por la distancia al hospital de Quillabamba y la topografía selvática.
En palabras de Ortiz, la respuesta del Minsa permanecerá activa mientras dure la emergencia: “Estamos presentes. El ministro nos encargó que la salud sea la prioridad, no hay nada más valioso que la vida y eso lo tenemos como prioridad, no se preocupen”, declaró a TVPerú Noticias.
Las comunidades mantienen su exigencia de recibir evaluaciones integrales e independientes, así como una presencia permanente de personal de salud y monitoreo ambiental, para evitar nuevas afectaciones y garantizar la seguridad de la población.
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