En el Bajo Urubamba, donde el río marca el ritmo de la vida diaria, el gas que alimenta a buena parte del país sale desde territorio indígena. A pocos kilómetros de las plataformas de extracción, familias enteras cocinan con leña y pagan precios que en otras ciudades causarían protesta inmediata. La paradoja no es reciente, pero vuelve al debate público cada cierto tiempo.
El distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco, concentra una de las operaciones energéticas más importantes del Perú: el proyecto Camisea. Desde allí se abastecen hogares, industrias y centrales eléctricas. Sin embargo, en las comunidades nativas que rodean la zona, el acceso a servicios básicos sigue limitado y el costo de un balón de gas puede alcanzar los S/120.
La congresista Ruth Luque volvió a poner el tema en discusión a través de sus redes sociales. Su mensaje recogió reclamos antiguos y preguntas que, según señaló, no encuentran respuesta desde hace más de dos décadas.
El gas sale de Megantoni, pero el precio golpea a sus pobladores
“Ahora que muchos hablan del gas de Camisea, quiero recordar algo fundamental: se extrae en Megantoni, territorio habitado principalmente por pueblos indígenas del Bajo Urubamba, en Cusco”, escribió la parlamentaria. En su publicación recordó que en 2024 se cumplieron 24 años de explotación del recurso y planteó una interrogante directa: “¿Qué ha cambiado para las comunidades?”.
En su mensaje enumeró carencias que, según indicó, persisten en la zona. “Un balón de gas puede costar hasta S/120. Acceso precario a salud pública. Niños sin DNI. Vacunas incompletas. Energía eléctrica inestable. A ello se suma corrupción y el no acceso a la justicia”, señaló.
El distrito de Megantoni fue creado en 2016 y recibe importantes recursos por canon gasífero. En 2022, un informe del programa Cuarto Poder describió la contradicción con una frase que se repite en la zona: un distrito millonario con servicios básicos insuficientes.
Durante ese reportaje, autoridades locales explicaron que cuentan con presupuesto, pero enfrentan límites legales para ejecutarlo. “Habiendo tantos recursos, entonces, ¿por qué tanta infraestructura y si no tenemos capital humano?”, dijo un representante municipal. También reconoció que, aunque existe dinero para pagar profesionales, “no nos permite” la normativa del canon contratar directamente médicos o maestros.
Salud y educación con recursos limitados
En 2024, la propia congresista relató un viaje de ocho horas en chalupa hasta la comunidad nativa Nueva Luz. Allí dialogó con personal de salud y docentes. La obstetra y la técnica sanitaria que la recibieron describieron un panorama complejo: “La desnutrición, anemia, se han incrementado, no tenemos un laboratorio para hacer análisis, solo en el recorrido gastamos más de 300 soles para dejar informes, hay días que no hay comunicación, no tenemos agua potable, el viaje es largo nuestros pacientes muchas veces se mueren”.
En el ámbito educativo, la directora de la institución local explicó que los padres construyeron aulas con sus propios recursos. “Los padres con su trabajo han hecho aulas, hemos comprado calaminas porque era lo que podíamos acceder, nuestros niños con tanto calor no pueden estudiar, estamos esperando que se haga un proyecto para una nueva infraestructura”, declaró en ese momento.
El informe televisivo también mostró las dificultades para la educación a distancia. En varias comunidades no llega señal de radio ni internet público. “La población no tiene Internet”, afirmó un dirigente. Otro docente sostuvo que, tras evaluar a sus alumnos, detectó retrasos severos. “Vimos que este niño todavía está en la etapa de garabateo”, dijo al mostrar cuadernos de estudiantes de primaria.
El costo del gas en la zona de extracción
Uno de los aspectos que más indignación genera entre los habitantes es el precio del balón de gas. En el reportaje de 2022, un dirigente indicó: “El balón de gas acá está sesenta y cinco soles”. Al comparar con otras comunidades del entorno, precisó: “En Miaria está costando cincuenta soles”.
Otra voz recogida por el programa cuestionó la situación con mayor énfasis: “¿Cómo es posible que a dos horas donde se produce el gas, aquí tengamos nosotros que pagar un balón de gas por cincuenta, cincuenta y cinco soles? Entonces, esto es lo que mortifica realmente a la población”.
En publicaciones recientes, la congresista advirtió que el precio puede llegar hasta S/120 en determinadas zonas, lo que refuerza la percepción de desigualdad. “El gas sale de territorios indígenas, pero la riqueza no se queda allí o mejor dicho los territorios indígenas siguen en pobreza y exclusión. Eso no es desarrollo, es desigualdad estructural”, escribió.
Ruptura del ducto y preocupación por la salud
La discusión se intensificó tras la ruptura de un ducto en la zona. Según la parlamentaria, conversó con un dirigente local que expresó inquietud por posibles efectos en la salud. “Hay preocupación real por los impactos en la salud tras la ruptura del ducto”, señaló.
Añadió que, aunque la empresa y representantes del Gobierno informaron sobre medidas de mitigación, “el temor en las comunidades es legítimo”. En ese contexto, la congresista sostuvo que el debate sobre la matriz energética no debe dejar de lado la situación local. “No puede haber transición energética sin justicia territorial”, afirmó.
Mientras el gas de Camisea continúa abasteciendo al país, en las riberas del Urubamba persisten reclamos vinculados a servicios básicos, acceso a salud, educación e infraestructura. Las declaraciones recogidas en distintos momentos muestran que la discusión no gira solo en torno a cifras de producción o presupuesto, sino a la vida diaria de comunidades que conviven con la principal fuente de energía nacional.
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