En medio del amplio rechazo que generó la excarcelación de Daniel Urresti, la congresista Ruth Luque presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por su participación como amicus curiae en el caso y por una serie de actuaciones que, a su juicio, evidencian falta de idoneidad, transparencia y una desnaturalización del cargo.
De acuerdo con el documento presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Luque interpuso la denuncia al amparo del artículo 99 de la Constitución y del Reglamento del Parlamento. En el escrito, acusa a Gutiérrez Cóndor de haber infringido de manera sistemática diversos artículos constitucionales, entre ellos los referidos a la función pública, el respeto a los tratados de derechos humanos y los fines de la Defensoría del Pueblo.
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La parlamentaria sostiene que los hechos descritos configuran una conducta incompatible con el rol que debe cumplir el defensor del Pueblo, cuya función principal es la defensa de los derechos fundamentales y la supervisión de la actuación del Estado.
El amicus curiae en el caso Urresti
Uno de los ejes centrales de la denuncia es la presentación de un amicus curiae por parte de la Defensoría del Pueblo a favor de Daniel Urresti, exministro del Interior, condenado en 2023 por el asesinato del periodista Hugo Bustíos ocurrido en 1988.
Según explicó Ruth Luque, esta figura jurídica tiene como finalidad aportar argumentos para la protección de derechos fundamentales, pero cuestionó que haya sido utilizada para favorecer a una persona sentenciada por graves violaciones a los derechos humanos. A su criterio, el defensor del Pueblo no puede asumir una posición directa en favor de un caso particular, menos aún cuando se trata de un proceso emblemático para la lucha contra la impunidad.
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Otros hechos incluidos en la denuncia
El escrito también detalla otros tres hechos que, según la congresista, refuerzan la presunta infracción constitucional. Entre ellos figura el irregular procedimiento de selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), así como la interposición de una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de extinción de dominio, que —de acuerdo con la denuncia— habría beneficiado a una familiar directa del defensor del Pueblo.
Asimismo, Luque cuestiona una presunta intromisión en la política exterior del Estado, señalando que determinadas actuaciones de Gutiérrez habrían generado tensiones con otros países y excedido las competencias constitucionales de la Defensoría del Pueblo.
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El fallo del TC y la reacción pública
La denuncia se produce tras la decisión del Tribunal Constitucional de anular la condena de 12 años de prisión impuesta a Daniel Urresti y declarar prescrita la acción penal por el asesinato de Hugo Bustíos, en aplicación de la Ley 32107. El fallo permitió la excarcelación del exministro y fue adoptado por mayoría.
La resolución dejó sin efecto una de las pocas sentencias firmes por el asesinato de un periodista durante el conflicto armado interno, lo que generó un amplio rechazo de organizaciones de derechos humanos y gremios de prensa.
Familia Bustíos y organismos denuncian impunidad
La anulación de la condena fue cuestionada por la familia Bustíos, que anunció la presentación del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al considerar que el fallo desconoce estándares internacionales. También organizaciones como la Asociación Nacional de Periodistas advirtieron que la decisión abre un escenario de impunidad en crímenes contra periodistas.
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Especialistas en derechos humanos señalaron que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional no declara la inocencia de Urresti ni niega la existencia del crimen, sino que se sustenta únicamente en criterios de prescripción procesal.
Un proceso que ahora pasa al Congreso
Con la presentación de la denuncia constitucional, corresponderá a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluar si los hechos denunciados configuran infracciones a la Constitución y si procede iniciar una investigación contra el defensor del Pueblo.
Mientras tanto, el caso sigue alimentando el debate político y jurídico sobre los límites de la Defensoría del Pueblo, la vigencia de los compromisos internacionales del Estado peruano y el impacto de las decisiones institucionales en procesos vinculados a graves violaciones de derechos humanos.
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