El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un período de 30 días, en respuesta al incremento sostenido de la criminalidad y la violencia en estas jurisdicciones.
La medida, que publicada el diario El Peruano. otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, para enfrentar delitos como homicidio, sicariato, extorsión y otros crímenes conexos.
Durante la vigencia de esta norma, se restringen derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. Esta restricción se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 137 de la Constitución Política del Perú y busca fortalecer la respuesta del Estado ante una crisis de seguridad ciudadana que, según informes reservados de la Policía Nacional, ha afectado gravemente a la población de Lima y Callao.
La norma crea un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el comandante general de la Policía Nacional y conformado por representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, el Ejército, gobiernos locales y otras entidades estratégicas. Este organismo centraliza la planificación y ejecución de acciones, contando con un centro de coordinación permanente y la integración de recursos humanos y tecnológicos para operativos continuos.
Medidas de seguridad y control territorial
Las fuerzas integradas, compuestas por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, implementan patrullajes permanentes en zonas identificadas como críticas, con base en mapas del delito y análisis de inteligencia. Además, se instalan puestos de comando temporales en coordinación con gobiernos regionales y locales, y se intensifica el resguardo de instituciones públicas.
Se establece la prohibición del tránsito de dos adultos en motocicletas lineales (categorías L1 y L3), salvo excepciones específicas, y se refuerza el control de identidad tanto en la vía pública como en transporte privado y público.
La norma también prevé operativos masivos de decomiso de armas, municiones y explosivos ilegales, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
Fiscalización, inteligencia y justicia
El Comité de Fiscalización, presidido por la Dirección Nacional de Investigación Criminal, ejecuta operativos contra la trata de personas, el comercio ilegal de drogas, armas, autopartes y la venta informal de chips telefónicos. La Policía Nacional puede solicitar la suspensión inmediata de líneas telefónicas vinculadas a delitos, en coordinación con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
El Comité de Inteligencia implementa un sistema integrado de videovigilancia e inteligencia predictiva, utilizando cámaras públicas y privadas, drones y algoritmos de reconocimiento facial. Este sistema busca anticipar y neutralizar focos delictivos mediante el análisis en tiempo real de datos provenientes de diversas fuentes.
Por otra parte, el Ministerio Público y el Poder Judicial adoptan medidas administrativas y presupuestales para mejorar su capacidad de respuesta, incluyendo la protección especial para fiscales y jueces involucrados en casos de criminalidad organizada y la masificación de denuncias en línea a través de la Central Única de Denuncias.
La declaratoria de emergencia incluye incentivos y reconocimientos para miembros destacados de las fuerzas integradas, y prevé el uso de tecnología satelital, con el apoyo de la Agencia Espacial del Perú, para el monitoreo de zonas de riesgo y control territorial. La medida será evaluada periódicamente y su continuidad dependerá de un análisis de resultados que será remitido a la Presidencia, el Congreso y el Poder Judicial.
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