El Ministerio Público atraviesa la peor crisis presupuestal de su historia, así lo advirtió Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. El fiscal alertó a la ciudadanía sobre la falta de fondos que podría generar que la Fiscalía quede inoperativa en abril.
En entrevista con RPP Noticias, Cotrina hizo un llamado al gobierno de José María Balcázar y al Ministerio de Economía y Finanzas para que autoricen el crédito adicional y así poder solventar los costos operativos.
Según indicó Cotrina, si el MEF no autoriza el desembolso del dinero, más de 4 mil asistentes se quedarían sin trabajo en marzo.
“Se nos ha comunicado, por el gerente general, que si no nos dan el crédito adicional que ha solicitado nuestra institución, 4 mil 700 asistentes de función fiscal y de apoyo administrativo, lamentablemente, van a tener que ser despedidos en el mes de marzo”, expresó.
El panorama se complicaría, pues además de los despidos, en abril ya no tendrían recursos para costear los sueldos de los fiscales. Este escenario se da en medio de la ola de inseguridad y el avance del crimen organizado que afronta el país.
“Estamos pasando por una crisis tan grave que se podría decir que la Fiscalía queda inoperativa, y esto es lamentable frente a una ola de criminalidad que estamos pasando”, recordó.
Llamado de atención por los pedidos del fiscal de la Nación
En la parte final de su mensaje, Chávez Cotrina pidió a los miembros del Ejecutivo que atiendan los pedidos que viene realizando el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, para obtener una partida presupuestal adicional.
El fiscal cuestionó que el Ejecutivo haga caso omiso a esta solicitud, precisamente en un contexto de violentos atentados que los fiscales deben atender diariamente.
“No es posible que estén debilitando y no estén atendiendo los pedidos que hace nuestro fiscal de la Nación y el gerente general para los créditos adicionales. Eso es sumamente importante que la población lo sepa”, expresó.
Cabe señalar que el problema presupuestal del Ministerio Público es una situación que se arrastra desde el gobierno de Dina Boluarte y que fue advertida anteriormente por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Crisis presupuestal desde la era Espinoza
En septiembre de 2025, la Junta de Fiscales Supremos advirtió que el Ejecutivo pretendía asignar al Ministerio Público un presupuesto menor al solicitado, pese a que previamente se habían realizado promesas públicas para otorgar mayores recursos a la institución. En ese momento, el pronunciamiento fue encabezado por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, junto a los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez, Juan Carlos Villena y Patricia Benavides.
Espinoza señaló que, aunque desde la Fiscalía se habían cumplido todos los trámites y pedidos formales ante el Poder Ejecutivo, no se concretó el compromiso de incrementar el presupuesto. “Para el año 2025, se nos recortó poco más de 123 millones de soles y para el 2026 se nos quiere reducir casi 145 millones de soles”, alertó en ese entonces.
Para 2025, el Ministerio Público contó con una partida de 2.921 millones de soles. Sin embargo, el proyecto de ley de presupuesto para 2026 contemplaba una asignación de 2.870 millones, es decir, 50 millones menos respecto al año anterior. La advertencia se dio en un contexto en el que la institución defendía la necesidad de mayores recursos para sostener su operatividad.
En los meses posteriores hubo cambios en la conducción del Ministerio Público y Delia Espinoza fue destituida. Actualmente, el fiscal de la Nación es Tomás Aladino Gálvez, quien formó parte de la Junta que suscribió aquel pronunciamiento.
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