
En el evento técnico-político MAPE responsable y sostenible: trazabilidad e incentivos para su desarrollo, algunos candidatos presidenciales y jefes de planes de gobierno debatieron propuestas concretas para fortalecer la formalización de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), considerada estratégica para el desarrollo del Perú. El encuentro, organizado por el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS) con el apoyo de Solidaridad, se realizó en Lima este miércoles 25 de febrero y reunió a Mesías Guevara (Partido Morado), Rafael Belaunde (Libertad Popular), Flavio Figallo (Partido del Buen Gobierno), Gustavo Guerra García (Venceremos) y Raúl Molina (Primero la Gente).
A pesar de las diferencias programáticas, los participantes coincidieron en la necesidad de consolidar un sistema de trazabilidad eficaz y operativo, diseñar instrumentos financieros específicos para la MAPE formal, fortalecer la institucionalidad ante economías ilegales e impulsar una nueva etapa de formalización con reglas claras y sostenibles. El GDMDS destacó que el debate se sustentó en un proceso técnico previo que permitió construir once consensos sobre quince temas vinculados a una futura Ley MAPE, demostrando que el diálogo multiactor puede generar bases sólidas para políticas públicas sostenibles.
La trazabilidad fue identificada como una herramienta clave para diferenciar la producción formal de la ilegal, fortalecer la debida diligencia y cerrar espacios al crimen organizado. Se remarcó la importancia de asegurar que su implementación sea viable para los pequeños productores y facilite su formalización. La inclusión financiera y los incentivos también fueron presentados como condiciones indispensables para romper la exclusión estructural del subsector, facilitando el acceso al crédito, instrumentos financieros adecuados y mecanismos para impulsar la productividad y sostenibilidad ambiental.

Posturas y propuestas de los candidatos
Gustavo Guerra García (Venceremos) advirtió sobre la falta de una línea clara para diferenciar la minería informal de la ilegal, especialmente en zonas protegidas. “Nuestra posición es que no debe haber ningún tipo de minería en la selva. Es un ecosistema muy frágil y no hay tecnologías razonables para controlar dragas o mercurio, y los riesgos de deforestación son enormes”. Propuso ampliar las funciones del Banco de la Nación y crear un programa tipo Reactiva II, con una garantía del Ministerio de Economía y Finanzas de 20.000 millones de soles para créditos productivos, vinculando soluciones financieras con asistencia técnica específica para la MAPE.
Raúl Molina (Primero la Gente) señaló que el 70% de la mano de obra del Perú está en el mercado informal, y que el 99% de las pequeñas empresas mineras permanecen fuera del sistema bancario, con el 89% de las operaciones en efectivo. Recalcó que “la minería informal es también un desahogo para el desarrollo”, ya que muchas regiones reciben migrantes rurales que ven en la venta de oro una vía de subsistencia. Propuso acompañar a las actividades económicas de pequeña escala con un sistema de garantías estatales para facilitar la inclusión financiera.
Mesías Guevara (Partido Morado) enfatizó que el sistema financiero es un eslabón de la cadena de valor y que la formalización debe ser el primer paso para lograr un sistema financiero inclusivo. “Cuando uno va a pedir un crédito nos piden historia financiera y garantías. Si no solucionamos el tema de la informalidad vamos a seguir en un círculo vicioso”. Además, destacó la llegada de la banca digital y las FinTech como oportunidades para reducir tasas de interés y ampliar el acceso al crédito.
Flavio Figallo (Partido del Buen Gobierno) propuso recrear el Banco Minero bajo una nueva estructura con fuerte presencia estatal y promover un fondo de garantías para reducir el riesgo percibido por la banca privada. “Nuestro sistema financiero tiene aversión al riesgo y considera que la pequeña minería tiene grandes riesgos. Lo que se requiere es justamente reducir esos riesgos con un sistema de garantías asegurado por el Estado y tasas de interés suficientemente bajas para fomentar el sector”.

Rafael Belaunde (Libertad Popular) criticó que los procedimientos y requisitos actuales están pensados para la gran minería y no para la pequeña minería o la artesanal. Propuso reducir las concesiones de 100 hectáreas a 25 y encarecer los derechos de vigencia para evitar el acaparamiento de tierras. “Un minero artesanal que mueve 25 toneladas al día o un pequeño minero que mueve 350, al precio del oro de hoy, no es un negocio pequeño que carezca de capital. La limitante es su situación de informalidad”.
Cifras, retos y contexto
Durante el debate, se advirtió que la minería informal e ilegal genera 22.000 millones de soles a nivel nacional, mientras que solo 150 millones de soles se destinan a promover el sector y apenas 13 millones a la formalización. Los candidatos coincidieron en que no existe la voluntad política suficiente para formalizar el sector y que la problemática debe ser abordada como un fenómeno de desarrollo rural y no solo como un asunto económico o legal.

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