Este martes Luis Enrique Jiménez Borra, juró como ministro de Justicia y Derechos Humanos para el gabinete de Denisse Miralles, en el marco del gobierno de transición del presidente José María Balcázar. La ceremonia de juramentación se realizó esta noche, a las 18:20, luego de que el horario fuera postergado en más de una ocasión en medio de versiones sobre ajustes de último minuto en la conformación del nuevo Consejo de Ministros.
La demora en el acto protocolar estuvo precedida por intensas negociaciones políticas y rumores sobre posibles cambios en algunas carteras clave, en un escenario marcado por la cercanía del proceso electoral y la necesidad de asegurar un gabinete con perfiles técnicos y de corta duración. El nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asume así una gestión breve, pero estratégica, en un contexto de transición institucional y alta presión política.
La conformación del gabinete se concretó seis días después de que Balcázar asumiera la Presidencia, el pasado 18 de febrero, tras la salida del gobierno de José Jerí. En los días previos, incluso, se llegó a vocear que el economista Hernando de Soto podría haber liderado el Consejo de Ministros, posibilidad que finalmente no se concretó. En ese escenario, el Ministerio de Justicia se convierte en una de las carteras con mayores retos heredados y menor margen de maniobra política.
Perfil del nuevo ministro de Justicia
Esta tarde asumió la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra, quien llega al cargo con una sólida formación académica y una amplia trayectoria en la administración pública. Abogado de profesión, cuenta con un Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y un Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de San Martín de Porres, además de una maestría en Relaciones Internacionales y Comercio de la misma institución.
En diciembre de 2025 fue designado viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Previamente, se desempeñó como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima (2007-2010 y 2015-2018), ocupó cargos de gestión en las municipalidades de San Isidro y Santa María del Mar, y trabajó como consultor de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Además, ha ejercido la docencia en reconocidas universidades del país, como la UNMSM y la UNFV, fortaleciendo su perfil como especialista en gestión pública. Jiménez Borra asume la cartera de Justicia en un contexto de transición, con la tarea de avanzar en reformas penitenciarias, la implementación de la SUNIR y otros retos críticos hasta la transferencia del sector al próximo gobierno tras las elecciones.
La SUNIR en suspenso en medio de la transición política
El nuevo ministro recibe un sector con reformas iniciadas, pero aún inconclusas. La más relevante es la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), anunciada a inicios de febrero por el entonces titular del sector, Walter Martínez. La norma, aprobada mediante decreto legislativo en el Consejo de Ministros, plantea una reestructuración profunda del sistema penitenciario nacional.
La SUNIR fue concebida para reemplazar al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y fusionar sus funciones con las del Programa Nacional de Centros Juveniles, con el objetivo de unificar la gestión del internamiento y la resocialización bajo una sola autoridad administrativa. Si bien el decreto quedó listo para su publicación en el Diario Oficial El Peruano, su implementación efectiva quedó pendiente.
Entre las tareas que hereda la nueva gestión figuran la puesta en marcha de la SUNIR, la transferencia de personal y recursos, la aprobación de su reglamento interno y la designación de una jefatura con perfil técnico. Todo ello deberá evaluarse en un contexto de transición, con un calendario electoral en curso y la previsión de un nuevo cambio de gobierno en los próximos meses.
A ello se suma el problema estructural del sistema penitenciario: hacinamiento, déficit de infraestructura y una clasificación inadecuada de internos, aspectos que fueron reconocidos por la gestión saliente, pero que requieren decisiones de mediano y largo plazo, más allá del alcance del actual gobierno transitorio.
Reformas disciplinares en el sistema penitenciario de la gestión anterior
Otro de los frentes que queda abierto es el de las reformas disciplinares impulsadas durante la gestión de Walter Martínez. En el marco del estado de emergencia por inseguridad ciudadana, el Ministerio de Justicia promovió medidas orientadas a reforzar el principio de autoridad en los penales, como requisas constantes, traslados de internos de alta peligrosidad y restricciones a las comunicaciones telefónicas.
Asimismo, se anunciaron cambios en los protocolos internos que incluyeron el uso obligatorio de uniformes, el corte de cabello para internos varones y la imposición de rutinas disciplinarias. Estas disposiciones generaron respaldo desde sectores del Ejecutivo, pero también cuestionamientos de familiares de reclusos y organizaciones de derechos humanos, que denunciaron posibles vulneraciones a derechos básicos, especialmente de internos sin sentencia firme.
El control de llamadas telefónicas desde los penales, planteado como una herramienta para frenar extorsiones y delitos dirigidos desde prisión, quedó en fase de evaluación y requería coordinación interinstitucional y sustento legal adicional. Del mismo modo, la anunciada reorganización integral del sistema penitenciario fue presentada como un proceso gradual, cuyos resultados finales recaerán en la próxima administración.
Con este panorama, el nuevo ministro de Justicia inicia funciones con una agenda cargada de pendientes, decisiones sensibles y reformas en suspenso, en un gobierno de transición que deberá equilibrar continuidad institucional, respeto a los derechos fundamentales y estabilidad política hasta el cambio de mando.
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