Reconocidos por el Estado, pero investigados: comunidad asháninka denuncia criminalización en Ucayali

Una comunidad indígena asháninka de la provincia de Atalaya, en la región Ucayali, denunció ser víctima de criminalización luego de que una empresa maderera impulsara denuncias penales y cuestionamientos administrativos tras su reconocimiento legal por parte del Estado, en un contexto en el que la titulación de su territorio ancestral aún no ha sido culminada.

Se trata de la Negociación Maderera Travi Satipo S.R.L., quien promovió una investigación fiscal contra integrantes de la Comunidad Nativa Pano-Arawak luego de que el Gobierno Regional de Ucayali emitiera, en agosto de 2025, la resolución que reconoce administrativamente a esta población indígena. La empresa sostiene que la comunidad “no existe” y solicita la anulación del acto administrativo, mientras la comunidad aguarda el inicio de la segunda etapa del proceso: la titulación y georreferenciación del territorio.

Según la defensa legal que acompaña el caso, las denuncias por presunta deforestación, quema y tala ilegal forman parte de una estrategia para frenar el saneamiento físico-legal de un área ocupada históricamente por familias indígenas, entre ellas del pueblo asháninka, y que colinda con otras comunidades afiliadas a organizaciones regionales.

Superposición de concesiones

El núcleo del problema se encuentra en la superposición de concesiones forestales otorgadas por el Estado a la empresa maderera sobre un territorio de ocupación ancestral. Desde la defensa técnica —respaldada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)— se sostiene que el procedimiento de reconocimiento cumplió con todos los requisitos legales y que, por tanto, corresponde desestimar el pedido de nulidad, según el Instituto de Defensa Legal (IDL).

La comunidad afirma ejercer posesión originaria y realizar actividades de subsistencia —chacras familiares, caza y pesca para consumo—, negando la existencia de deforestación a gran escala. La criminalización, advierten, se activa precisamente cuando la empresa toma conocimiento de la resolución que reconoce a la comunidad como persona jurídica.

Investigación fiscal y cargos imputados

De acuerdo con la cédula de notificación fiscal a la que tuvo acceso Infobae Perú, el Ministerio Público formalizó una investigación preparatoria por presuntos delitos contra los bosques y el ambiente en una concesión forestal de más de 27 mil hectáreas en el distrito de Raymondi, provincia de Atalaya, región Ucayali. La causa se sustenta en informes de patrullaje que reportan tala, quema y habilitación de áreas agrícolas sin autorización, con un plazo de instrucción de 120 días.

La fiscalía considera como agraviado al Estado, a través de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales, y señala que no existen permisos otorgados por las autoridades forestales competentes, según reportes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y otros organismos sectoriales.

Testimonios de amedrentamiento y falta de consulta

En entrevista con este medio, uno de los dirigentes indígenas investigados —cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad— relató que las denuncias penales y las acciones administrativas comenzaron entre noviembre y diciembre de 2025, poco después de emitida la resolución de reconocimiento. Según su testimonio, también se registraron intervenciones policiales intimidatorias en la comunidad y patrullajes armados, así como intentos de desacreditar el reconocimiento ante distintas instancias del Estado.

El dirigente afirmó que las concesiones forestales se otorgaron sin consulta previa, pese a la presencia histórica de la comunidad en el territorio desde décadas atrás, y que recién después del reconocimiento la empresa buscó un acercamiento formal, lo que consideran una maniobra tardía para legitimar su presencia.

Respaldo indígena y pronunciamientos públicos

El caso generó pronunciamientos de organizaciones indígenas regionales. La Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de AIDESEP Atalaya (CORPIAA) y la Federación Indígena Alto Río Inuya y Mapuya (FIARIM) advirtieron que la criminalización de autoridades comunales vulnera derechos fundamentales y pidieron al Gobierno Regional de Ucayali acelerar el proceso de titulación para garantizar seguridad jurídica.

En una declaración pública emitida en noviembre de 2025, CORPIAA solicitó a la Dirección Regional de Agricultura y a las instancias de saneamiento físico-legal que continúen el trámite sin dilaciones, alertando que las denuncias contra funcionarios y dirigentes buscan paralizar el procedimiento administrativo.

Mientras el proceso de titulación continúa paralizado y la investigación fiscal sigue en curso, la comunidad sostiene que su permanencia en el territorio responde a una ocupación histórica y a prácticas de subsistencia, no a actividades ilegales. Desde su perspectiva, el conflicto no es ambiental sino territorial.

“Todo empieza cuando la empresa se entera de que logramos el reconocimiento oficial de la comunidad. Desde ahí comienzan las denuncias, los pedidos de nulidad y el amedrentamiento. Nuestro objetivo es asegurar el territorio donde hemos vivido siempre”, señaló a Infobae Perú uno de los dirigentes indígenas investigados, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad.

El desenlace del caso dependerá ahora de las decisiones que adopten las autoridades regionales y el sistema de justicia, en un contexto donde la superposición de concesiones forestales y territorios ancestrales vuelve a poner en debate los límites entre la protección ambiental, los derechos indígenas y el uso del aparato penal en la Amazonía peruana.