Vladimir Cerrón: PJ declara que el caso La Oroya no ha prescrito y no le devolverá la reparación civil de S/ 850 mil

Nuevo revés para el prófugo candidato presidencial de Perú Libre. Sala de Apelaciones le da la razón a la Fiscalía y establece que el proceso prescribirá en 2029. Cerrón deberá enfrentar un nuevo juicio oral por este caso

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Vladimir Cerrón
Vladimir Cerrón postula a la Presidencia desde la clandestinidad.

Golpe para el líder de Perú Libre. El Poder Judicial declaró que el caso La Oroya contra el prófugo candidato presidencial Vladimir Cerrón no ha prescrito y ratificó que no devolverá los 850 mil soles que pagó como reparación civil.

Como se recuerda, el año pasado, el Tribunal Constitucional anuló la condena de 4 años prisión suspendida contra Cerrón y ordenó que el Juzgado penal a cargo del caso La Oroya emita un nuevo pronunciamiento. En cumplimiento de ese fallo, se citó a un nuevo juicio oral para noviembre de 2025.

Sin embargo, la defensa alegó que el caso ya había prescrito, lo que fue acogido por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo, que declaró “extinguida la acción penal” contra el líder de Perú Libre.

La Fiscalía presentó una apelación, la que acaba de ser declarada fundada por la Sala Penal Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo. Así, se revocó el fallo de primera instancia que declaró prescrito el proceso, por lo que Vladimir Cerrón sí deberá afrontar un nuevo juicio oral por el caso La Oroya.

Según la resolución a la que accedió Infobae, el Juzgado no consideró que para delitos que afecten el patrimonio del Estado los plazos de prescripción se duplican. En el caso La Oroya, producto de la negociación incompatible que habría cometido Vladimir Cerrón, el Estado se vio perjudicado en 850 mil soles.

Discurso de confrontación contra el “sistema político” y los actores que, según Cerrón, concentran la representación.
Discurso de confrontación contra el “sistema político” y los actores que, según Cerrón, concentran la representación.

Así, la Sala de Apelaciones sostiene que “es imperativo aplicar el plazo de duplicidad” porque la “afectación está plenamente determinada”.

“El A quo (juez de primera instancia) incurrió en error de derecho al aplicar el plazo de prescripción. Si bien el delito de negociación incompatible es de peligro abstracto; en el presente caso está determinada la existencia de perjuicio concreto al patrimonio público. Por tanto, la excepción de prescripción no puede ser declarada fundada, ya que el plazo aún no ha transcurrido bajo la regla de la duplicidad”, se lee en la resolución judicial.

El caso La Oroya, según el nuevo cálculo, prescribirá en 2029.

Nuevo revés judicial para Vladimir Cerrón
Nuevo revés judicial para Vladimir Cerrón

Los 850 mil soles

La defensa de Vladimir Cerrón también había solicitado al Poder Judicial que se le devuelva los 850 mil soles que pagó como reparación civil por el caso La Oroya.

En primera instancia, se rechazó el pedido, básicamente, la sentencia del Tribunal Constitucional no alcanza al extremo de la responsabilidad civil, sino únicamente la condena penal.

La defensa de Cerrón apeló, pero la Sala de Apelaciones rechazó el recurso y confirmó que no corresponde devolverle ni un sol al prófugo candidato presidencial de Perú Libre.

“La reparación civil y la responsabilidad penal, aunque se tramiten juntas por economía procesal, poseen una autonomía sustancial que permite que la primera subsista plenamente incluso si la segunda es anulada para un nuevo juicio; por tanto, al no haber sido anulado el extremo resarcitorio de S/ 850,000.00 este se torna irrevocable y de ejecución obligatoria”, resolvió el tribunal superior.

El caso La Oroya

La Fiscalía acusa a Vladimir Cerrón, en su condición de gobernador regional de Junín, de haber intervenido de manera directa e indebida en la ampliación de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya”, con la finalidad de favorecer indebidamente al Consorcio Altiplano, generándole un beneficio económico ascendente a 850 mil soles.

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