El Gobierno encabezado por el presidente interino José Jerí promulgó el Decreto Legislativo n.º 1731, que incorpora una nueva figura penal en el Código Penal: el delito de exigencia o requerimiento extorsivo como conducta autónoma previa a la extorsión.
La disposición, publicada este jueves en el diario El Peruano, responde a la delegación de facultades otorgada al Ejecutivo por el Congreso de la República para reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar la criminalidad organizada.
La norma incorpora el artículo 200-A al Código Penal, el cual establece que quien, directa o indirectamente y sin justificación, exija o requiera con violencia o amenaza, ya sea a particulares o a entidades públicas o privadas, una ventaja económica indebida u otro beneficio, afrontará una pena de prisión no menor de nueve ni mayor de 12 años.
Las sanciones aumentan a un mínimo de 12 y un máximo de 15 años cuando se compruebe la relación con organizaciones criminales, el uso de información personal o empresarial de la víctima, la utilización de objetos intimidatorios, la afectación a funcionarios públicos o la participación de menores de edad.
El jefe de Estado, junto al presidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez, el ministro del Interior Vicente Tiburcio y el ministro de Justicia y Derechos Humanos Walter Martínez, refrendó la norma, que entró en vigencia tras su publicación en El Peruano.
Dentro de las novedades de la reforma, el Poder Ejecutivo destaca que la tipificación autónoma del delito de exigencia o requerimiento extorsivo posibilita una intervención penal más temprana y eficaz ante amenazas, demandas o presiones ilegítimas, sin circunscribir la persecución de estos hechos al ámbito de la tentativa.
El texto legal señala que la finalidad de la medida es “prevenir, combatir y sancionar eficazmente la exigencia o requerimiento extorsivo, como conducta previa autónoma dentro del proceso extorsivo, permitiendo la intervención penal temprana y efectiva, y garantizando la protección de las personas, familias, empresas, funcionarios y servidores públicos frente a la violencia o amenaza explícita o implícita”.
Diversos gremios sostienen que, pese a la publicación de nuevas leyes y la declaración de estados de emergencia, la criminalidad supera la capacidad de respuesta estatal. Las estrategias adoptadas por el Ejecutivo, aunque presentadas como avances, no logran convencer a todos los sectores.
Cifras
Entre el 1 y el 19 de enero de este año, la Policía Nacional (PNP) registró 512 denuncias por extorsión. La cifra disminuye respecto al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 1.101 casos, aunque se mantiene cercana a los registros de 2024 (833) y 2023 (597). La PNP utiliza estos datos para resaltar una supuesta mejora en la seguridad.
En materia de homicidios, las estadísticas oficiales reflejan una tendencia a la baja. El Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) contabilizó 125 homicidios entre el 1 y el 19 de enero de 2026, frente a 156 en 2025, 135 en 2024 y 137 en 2023, durante el mismo periodo.
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