La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso la apertura de una investigación preliminar contra Delia Espinoza, ex fiscal suprema y ex fiscal de la Nación, ante presuntos actos irregulares vinculados al uso de bienes estatales durante el periodo en que se encontraba suspendida de sus funciones. Esta resolución, adoptada tras la denuncia presentada por el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar, se formalizó mediante el Informe n.° 006-2026-GATRP-JNJ, remitido el 26 de enero de 2026 por el miembro de la JNJ Gino Augusto Tomás Ríos Patio.
El núcleo de la acusación radica en que Espinoza habría utilizado vehículos oficiales del Ministerio Público, identificados con las placas de rodaje EGW-711 y EGW-715, pese a estar suspendida del ejercicio de sus cargos, una medida dispuesta por la Resolución n.° 143-2025-PLENO-JNJ del 19 de setiembre de 2025. Según el informe técnico, esta conducta representaría un posible uso indebido de recursos del Estado y una infracción a los deberes de la función pública, incluso en situaciones de suspensión temporal.
La Junta Nacional de Justicia, presidida por la doctora María Teresa Cabrera Vega, fundamentó su decisión en la necesidad de esclarecer si el uso de los bienes estatales por parte de la ex magistrada resulta incompatible con los principios de legalidad, ética y responsabilidad que rigen el desempeño de las más altas autoridades del sistema judicial. “La apertura de esta investigación preliminar busca determinar si la conducta atribuida a la investigada es incompatible con las responsabilidades inherentes a la función fiscal, aun durante un periodo de suspensión”, señaló la institución en un comunicado oficial.
El proceso contempla la recopilación de documentos, testimonios y otros medios probatorios relacionados con el presunto uso de los vehículos oficiales durante el periodo en que Espinoza estaba impedida de ejercer cualquier atribución como fiscal suprema y fiscal de la Nación.
La doctora María Teresa Cabrera Vega, presidenta de la JNJ, reiteró que la institución se mantiene vigilante respecto al cumplimiento de los estándares éticos y de legalidad en la administración de justicia, así como en la supervisión de la utilización de los recursos públicos asignados a cada funcionario. En el marco de las actuaciones previstas, el organismo podría convocar a la ex magistrada para que presente sus descargos y someta a consideración los justificantes o explicaciones que estime pertinentes.
La investigación surge en un contexto marcado por cuestionamientos a la gestión de Delia Espinoza. El pasado 23 de enero, la JNJ destituyó por unanimidad a Espinoza Valenzuela de su cargo como fiscal suprema titular. Dicha decisión obedeció a un proceso disciplinario iniciado en setiembre de 2025, el cual concluyó que la ex magistrada no ejecutó de manera inmediata la Resolución n.° 231-2025-JNJ, una norma que ordenaba la reposición de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides en junio del año pasado. La omisión de Espinoza fue considerada una falta grave, ya que dicha resolución tenía carácter obligatorio y buscaba garantizar la continuidad institucional en la conducción del Ministerio Público.
A estos antecedentes se suma la sanción impuesta por el Congreso de la República, que a fines del 2025 inhabilitó a Delia Espinoza para ejercer cualquier función pública durante un periodo de 10 años. Según el expediente legislativo, la ex fiscal habría incumplido el artículo único de la Ley N° 32130, normativa aprobada para reforzar la intervención operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la etapa preliminar de las investigaciones penales. Conforme a la acusación, Espinoza actuó en contravención de esta ley, al no restituir a la PNP las facultades operativas y de investigación material del delito, tal como lo establece el marco legal vigente.
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