¿Hay espacio para el optimismo?: elecciones, agenda ambiental y debilitamiento del Estado

La crisis política peruana actual es expresión de una confluencia de problemas estructurales históricos con una seguidilla reciente de acontecimientos políticos extraordinarios: vacancias, disolución del Congreso, investigaciones por corrupción a políticos prominentes y encarcelamiento de expresidentes.

Este 2026 entramos a un nuevo proceso electoral en un momento particularmente frágil, marcado por la consolidación de una coalición de políticos en el poder que busca asegurar su propia continuidad y parasitar el Estado. ¿Qué caracteriza esta coalición? El predominio de intereses particulares que debilitan sistemáticamente la capacidad regulatoria del Estado, como señalaron Vergara y Quiñón en 2023. Estas prácticas han afectado la salud misma del régimen democrático, a través del debilitamiento del equilibrio de poderes, el deterioro de instituciones clave y la normalización de prácticas antidemocráticas.

El desmantelamiento de la capacidad regulatoria nos pone en una situación muy precaria para enfrentar situaciones como la ola de criminalidad, la expansión de la minería ilegal o los enormes desafíos que suponen las acciones imperialistas agresivas de los Estados Unidos y su disputa con China.

Lo que tenemos en Perú hoy es una depredación de lo público en un contexto de crecimiento económico limitado, con altos riesgos de entrar en una espiral negativa si caemos con mal pie en la dinámica geopolítica internacional.

El escenario global ha cambiado drásticamente, Estados Unidos ha adoptado una política cada vez más agresiva, no solo frente a sus rivales estratégicos, sino también frente a sus aliados históricos. El mensaje es claro: la hegemonía no se comparte y el acceso a los recursos naturales tampoco. En el hemisferio occidental, esta postura se traduce en una abierta disputa con China por territorios, minerales y otros recursos estratégicos, infraestructura y control logístico.

Este nuevo escenario mundial altera las reglas de juego y los escenarios que se abren para un país como Perú. Es preocupante lo pésimamente preparados que estamos como nación para hacerle frente a lo que podría venir. Nuestros problemas políticos hacen casi imposible que tengamos posiciones estratégicas sobre aprovechamiento de recursos naturales o política industrial, o política exterior coherente. La economía ha resistido más por factores externos, como los altos precios de los metales, que por una gestión estatal eficaz. Las agendas ambientales, políticamente débiles y poco representadas, quedan especialmente vulnerables, justo cuando el contexto internacional necesita un Estado más preparado y capaz.

El proceso electoral que acabamos de iniciar es crucial. Este año se renueva todo el elenco político, escogemos presidente, vicepresidentes, senadores, diputados, parlamentarios andinos, gobernadores regionales y alcaldes. Sin embargo, 88 de los actuales congresistas buscarán la reelección y los partidos que hoy controlan el Estado cuentan con recursos y antecedentes que podrían permitirles mantenerse en el poder. Además, con los cambios normativos recientes, la Presidencia podría seguir subordinada al Congreso, especialmente al Senado, lo que vuelve aún más relevante la composición del Legislativo.

Al revisar los planes de gobierno presentados para 2026, se observa una tendencia clara: la prioridad está puesta en la seguridad y el orden, mientras que el tema ambiental aparece, en la mayoría de casos, como secundario, marginal o meramente declarativo. De acuerdo con información reciente, solo una minoría de candidatos propone derogar las leyes que debilitan la lucha contra el crimen organizado; la mayoría guarda silencio, lo que sugiere que estas normas podrían extenderse al siguiente periodo.

En cuanto al Ministerio del Ambiente (MINAM), el panorama tampoco es alentador. Aunque la desaparición del ministerio no es una propuesta mayoritaria, sí existe un consenso tácito en su debilitamiento progresivo. Varios planes de gobierno plantean fusiones, recortes o reestructuraciones del aparato estatal. Algunos incluso proponen reemplazar al MINAM por instancias subordinadas a la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que implicaría una pérdida significativa de autonomía técnica y política en la gestión ambiental.

Con los datos disponibles, parece más probable que el próximo gobierno continúe con el proceso de debilitamiento del MINAM antes que su eliminación formal. El riesgo es claro: un Estado con menor capacidad para regular, fiscalizar y planificar el uso sostenible de sus recursos en un contexto internacional cada vez más agresivo.

¿Hay espacio para el optimismo? Tal vez. El proceso electoral podría abrir una oportunidad para recuperar el equilibrio de poderes, hoy distorsionado por un Ejecutivo subordinado al Legislativo. Un nuevo mandato ciudadano podría permitir la derogación de leyes que favorecen la criminalidad, la recuperación de la deliberación pública, el fortalecimiento de la democracia.

Frente a una disputa global abierta por el control de los recursos naturales, lo mínimo que deberíamos exigir es estabilidad política y un Estado capaz de definir rumbos estratégicos. Sin una agenda ambiental sólida y sin instituciones fuertes que la respalden, el Perú seguirá atrapado en una lógica predatoria que compromete no solo su soberanía, sino también su futuro.