
La crisis migratoria en Estados Unidos ha alcanzado niveles inéditos en 2026, marcada por el endurecimiento de las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Las directrices federales han ampliado el alcance de la agencia, que ahora despliega más de 22.000 agentes y destina presupuestos récord a operativos de deportación masiva.
Ya no solo se prioriza a quienes tienen antecedentes penales; personas sin historial criminal, beneficiarios de programas suspendidos como el TPS y residentes legales también se encuentran bajo riesgo de detención.
Los inmigrantes latinoamericanos, entre ellos muchos peruanos, experimentan una vulnerabilidad creciente. El perfilamiento racial y el uso del idioma español como criterio de intervención han incrementado el riesgo de arrestos arbitrarios.
En estados como Texas y Florida, las leyes estatales permiten que la policía local actúe como extensión de ICE, eliminando espacios seguros y obligando a muchas familias a modificar sus rutinas diarias.
El temor se ha instalado en las calles, con reportes de enfrentamientos violentos durante redadas y la aplicación de multas que afectan la estabilidad financiera de los hogares migrantes.
La situación ha generado un ambiente que muchos describen como una “caza de brujas” burocrática y física. Las redadas no distinguen entre antecedentes ni edades, y el clima de incertidumbre se replica en comunidades de todo el país. Las organizaciones de derechos civiles reportan un aumento en las denuncias por detenciones basadas únicamente en la apariencia o el idioma, afectando la vida de quienes buscan oportunidades y estabilidad en territorio estadounidense.
Testimonio del alcalde peruano de Port Chester
En este contexto, la voz de Luis Marino Tarazona, alcalde peruano de la localidad de Port Chester, Nueva York, resuena entre la comunidad hispana.
Marino Tarazona, originario de Áncash, describió en medios locales el ambiente de incertidumbre y temor que viven los residentes ante la presencia constante de agentes de ICE en la zona.
“Los residentes se encuentran atemorizados, con miedo, con pánico de salir a las calles. Pero estamos luchando día a día. Ellos no están solos, tienen el apoyo de mi persona como alcalde, los concejales me apoyan. Estamos tratando de ayudar lo más que podemos”, declaró para RPP.
El funcionario explicó que la mayoría de la población hispana en Port Chester trabaja en sectores como la construcción, el mantenimiento de áreas verdes y la industria gastronómica.
Muchas familias enfrentan una situación compleja, especialmente aquellas con miembros de estatus migratorio mixto. Ante este panorama, Marino Tarazona ha optado por una política clara: la policía local no colabora con ICE.
“Hablo con la Policía para que no haya redadas y que no apoyen a ICE. Ellos hacen lo que tengan que hacer, pero nuestra policía no está colaborando con ellos. Estamos pendientes de que no se realicen redadas en las escuelas”, manifestó el alcalde.

El compromiso de las autoridades locales busca proteger a los habitantes de detenciones arbitrarias y brindarles un entorno más seguro, dentro de las limitaciones que impone la legislación federal.
“Espero que todo esto calme. Parece que va a haber una ayuda de los jueces que están en contra de la manera en que se está actuando”, señaló, reflejando la esperanza que mantiene parte de la comunidad inmigrante.
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