El Gobierno dio un nuevo paso en la lucha contra la minería ilegal con la aprobación del Decreto Legislativo 1695. La norma eleva las penas y amplía el alcance del delito, pero, según el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), sus efectos serán limitados si no se enfrentan los vacíos institucionales, presupuestales y de control que sostienen esta economía criminal en distintas regiones del país.
El pasado 20 de enero, en el marco de las facultades delegadas por el Congreso, el Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo 1695, que busca “fortalecer las medidas que garanticen la prevención e investigación efectiva contra la minería ilegal”.
De acuerdo con el análisis del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), la norma modifica tres artículos del Código Penal —el 307-A, 307-E y 307-F— e introduce cambios relevantes en el régimen penal. Entre ellos, incrementa las penas y amplía el tipo penal para incluir actividades conexas como el procesamiento, el beneficio y el tráfico ilícito de recursos minerales.
Para el OMI, el decreto reconoce de manera expresa a la minería ilegal como una forma de crimen organizado, lo que permite fortalecer su persecución penal y dotar al Estado de mayores herramientas para investigar a las redes criminales que operan detrás de esta actividad.
“Refuerza lo penal, pero no ataca lo estructural”
Si bien el colectivo reconoce los avances normativos, advierte que el decreto no aborda los factores de fondo que explican la expansión de la minería ilegal. En ese sentido, señala que la norma refuerza el “brazo penal” del Estado, pero no resuelve los problemas estructurales que sostienen esta economía ilícita.
César Ipenza, vocero del OMI, explicó que uno de los principales aportes del decreto es la ampliación del tipo penal a actividades que antes quedaban en “zonas grises”, como el transporte y el tráfico ilícito de minerales. Sin embargo, subrayó que estos cambios, por sí solos, no garantizan resultados efectivos.
El gran vacío
Desde la Procuraduría Pública Especializada en Materia Ambiental, Julio Guzmán coincidió en que uno de los principales obstáculos para perseguir a estas mafias es la ausencia de un modelo de trazabilidad que permita seguir el rastro del mineral desde su origen.
“Necesitamos un mecanismo para que los operadores de justicia identifiquen el lugar de origen de los recursos, la maquinaria e insumos utilizados, y ubiquen las rutas por donde transitan, desde las concesiones hacia las plantas de beneficio”, sostuvo.
El procurador advirtió que, sin información adecuada y accesible, el endurecimiento de penas puede derivar en controles excesivos que alimenten la corrupción. En ese escenario, agregó, el decreto corre el riesgo de convertirse en una expresión de populismo penal.
“De nada sirve agregar un catálogo de nuevos delitos si no se genera un efecto disuasivo desde el Estado”, señaló Guzmán, quien remarcó que el país está recurriendo al derecho penal para resolver un problema que el ámbito administrativo no ha logrado controlar en años.
Capacitación y recursos
El OMI también alertó sobre las limitadas capacidades institucionales para implementar la norma. Jueces, fiscales y procuradores enfrentan restricciones presupuestales y falta de personal especializado, lo que pone en riesgo la aplicación efectiva del Decreto Legislativo 1695.
En esa línea, el juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, indicó que es indispensable fortalecer la capacitación de los operadores de justicia. Explicó que, al ampliarse el alcance del delito de minería ilegal a más etapas de la cadena productiva, policías y fiscales deben conocer a profundidad la Ley General de Minería y sus reglamentos.
El magistrado recordó, además, que se trata de un delito pluriofensivo, ya que afecta diversos bienes jurídicos como la recaudación tributaria, la seguridad ciudadana, el lavado de activos y su vinculación con la trata de personas. Esta complejidad, añadió, encarece y dificulta las investigaciones, sin que el decreto contemple mayores asignaciones presupuestales.
Un mensaje final al Congreso
Finalmente, el Observatorio de Minería Ilegal subrayó que los avances del nuevo decreto perderán eficacia mientras desde el Congreso se continúe promoviendo la ampliación del proceso de formalización minera, una medida que, en opinión del colectivo, ha debilitado los esfuerzos del Estado para frenar la expansión de esta actividad ilícita.
Para el OMI, sin una estrategia integral que combine control administrativo, fiscalización efectiva, trazabilidad, recursos y voluntad política, el endurecimiento de penas seguirá siendo insuficiente frente a un problema que ya se ha convertido en una amenaza estructural para el país.
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