El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dejó de existir. El Gobierno de José Jerí oficializó la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) como nueva autoridad a cargo del sistema penitenciario. Esta entidad absorbe al INPE, al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES).
La creación de la SUNIR ocurre en un contexto en el que la crisis del sistema penitenciario se instaló en la agenda del Ejecutivo, impulsada por la presión ciudadana para frenar el delito que se organiza desde las cárceles. Desde el inicio de su gobierno, José Jerí mostró interés en la situación de los penales y ha participado de manera recurrente en operativos en estos establecimientos.
Sin embargo, más allá del discurso oficial y de la imagen de una política de “mano dura”, las denuncias de corrupción, el desorden institucional y las fugas registradas en las últimas semanas aceleraron el cierre del actual modelo penitenciario. El decreto que crea la SUNIR no precisa cómo la nueva entidad enfrentará problemas estructurales como el hacinamiento, la falta de infraestructura o el déficit de personal.
Fugas que evidencian fallas graves en la custodia
La crisis del sistema penitenciario volvió a quedar expuesta tras una serie de fugas ocurridas en menos de dos semanas. Dos internos, uno procesado por trata de personas y otro condenado por secuestro, lograron escapar mientras permanecían internados en centros de salud bajo custodia del personal penitenciario. Los hechos evidenciaron serias debilidades en los protocolos de seguridad fuera de los penales, un punto crítico que se repite con frecuencia.
El caso más reciente ocurrió el 31 de enero, cuando un interno del penal de Ancón I fugó de un hospital en Puente Piedra, donde recibía atención médica desde inicios de mes. Días antes, una interna del penal de Mujeres de Arequipa también escapó mientras permanecía hospitalizada por un avanzado estado de gestación. Ambos episodios activaron operativos de búsqueda e investigaciones para determinar responsabilidades.
Estas fugas se sumaron a otras irregularidades detectadas en los establecimientos penitenciarios, como deficiencias en los registros de internos, información desactualizada sobre traslados y fallas en la comunicación entre penales. Los hechos refuerzan la percepción de un sistema que no logra garantizar un control efectivo sobre las personas bajo su custodia.
Cambios en la jefatura en medio del desorden institucional
A la crisis operativa se añadió una marcada inestabilidad en la conducción del INPE. El 20 de enero, Iván Paredes presentó su renuncia irrevocable al cargo de jefe de la institución, apenas seis meses después de haber asumido funciones. Su salida se produjo en un contexto de cuestionamientos públicos, fugas de internos y denuncias de desorden interno.
Tres días después, el Gobierno designó de manera temporal a Shadia Valdez Tejada como jefa encargada del INPE, en adición a su rol como viceministra de Justicia. La decisión buscó asegurar la continuidad administrativa, pero no disipó las dudas sobre la capacidad de liderazgo en uno de los momentos más críticos del sistema penitenciario.
Desde el Ejecutivo se ha reconocido que el INPE atravesaba un escenario de desorden severo, lo que impulsó una reestructuración profunda de la institución. Sin embargo, los cambios constantes en la jefatura y la falta de una conducción estable generaron incertidumbre sobre el rumbo de las decisiones y la ejecución de las medidas anunciadas.
La huelga de trabajadores y el malestar interno
El deterioro institucional también se reflejó en el anuncio de una huelga nacional de trabajadores penitenciarios, programada para inicios de febrero. Los sindicatos advirtieron sobre condiciones laborales precarias, falta de recursos y una creciente sobrecarga de funciones en un sistema cada vez más exigido por la crisis de seguridad.
Aunque la huelga fue finalmente suspendida tras un proceso de diálogo entre el INPE, el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales, el episodio dejó en evidencia el nivel de malestar entre el personal penitenciario. Como parte de los acuerdos, se dispuso la instalación de una mesa de trabajo para evaluar las demandas dentro del marco legal y presupuestal vigente.
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