El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó este martes la suspensión de la huelga que habían anunciado sus trabajadores, tras un acuerdo alcanzado entre la administración del organismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y las organizaciones sindicales.
“La decisión es producto de una voluntad conjunta de entendimiento, orientada a alcanzar mejoras concretas en favor del personal penitenciario, priorizando su bienestar y la continuidad de los servicios esenciales del sistema penitenciario”, señaló la entidad en un mensaje publicado en X, antes Twitter.
El acuerdo contempla la instalación de una mesa de trabajo destinada a abordar de forma técnica y progresiva los reclamos sindicales, evaluando alternativas viables dentro del marco legal y presupuestario vigente.
“El INPE reitera su firme compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la institución, dignifiquen la labor penitenciaria y contribuyan a un sistema penitenciario más eficiente, seguro y humano”, concluyó el comunicado.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios había rechazado la propuesta del Gobierno de eliminar el INPE y crear la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), al considerar que pone en riesgo la estabilidad laboral del personal.
Julio César Burga, secretario general del sindicato, declaró que los trabajadores se sienten “amenazados y amedrentados” por la propuesta, que el Ejecutivo presentó sin consulta ni garantías laborales. Además, expresó inquietud ante la posible intervención de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional en el control de los penales, recordando antecedentes de fallas de seguridad.
El sindicato organizó un plantón en el Ministerio de Justicia y evaluaba una paralización total en los 69 penales del país, al tiempo que exigía que el Ejecutivo rectifique el proyecto o abra una mesa de diálogo con el presidente interino José Jerí.
Reforma
El ministro de Justicia, Walter Martínez, anunció que la Sunir unificará funciones con el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej). “Se trata de una decisión firme del Estado para recuperar el control de las cárceles y avanzar hacia un sistema más seguro, eficiente y orientado a la resocialización”, señaló.
El Consejo de Ministros discutirá la creación de la Sunir y, tras su aprobación, habrá un periodo de transición de 90 días para que esté operativa en junio. La reforma busca enfrentar condiciones criminógenas y fortalecer la resocialización. “Este Gobierno ha decidido impulsar una unificación estructural que permita al Estado recuperar el control y fortalecer los procesos de resocialización”, agregó.
La medida incluye acciones como requisas permanentes, clasificación de internos según peligrosidad, descentralización de servicios estratégicos como el GOES, bloqueo de comunicaciones ilícitas en cárceles y detección de antenas ilegales en colaboración con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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