Agentes penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descubrieron una nueva modalidad para ingresar drogas al interior del penal de Juliaca, en la región Puno. Durante una intervención de control, los efectivos hallaron sustancias ilícitas escondidas dentro de plumones, envases de desodorante y prendas de vestir pertenecientes a uno de los internos del pabellón de máxima seguridad.
El operativo formó parte de las acciones permanentes del INPE para evitar el tráfico de drogas en cárceles, una práctica cada vez más sofisticada entre los reclusos. En esta ocasión, el hallazgo se produjo dentro del Establecimiento Penitenciario Juliaca y permitió detectar 26 envoltorios de plástico y seis ‘ketes’ con estupefacientes, los cuales estaban en posesión de Deyvi Saavedra Evangelista, alias “Toro”, identificado como integrante de la organización criminal “La Jauría del Norte”.
Operativo en el penal de Juliaca descubrió marihuana y cocaína
Según informó el INPE, la intervención fue ejecutada por un grupo de 20 agentes de seguridad penitenciaria, quienes realizaron una revisión extrema de los ambientes comunes y de las pertenencias de los internos del pabellón 5 de máxima seguridad. Durante la inspección, los custodios hallaron los envoltorios sospechosos escondidos dentro de objetos de uso cotidiano, una táctica utilizada para burlar los controles de ingreso.
La diligencia contó con la participación del Ministerio Público y del área Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (Areandro), que realizaron las pruebas de campo correspondientes. Estas confirmaron que las sustancias incautadas eran marihuana y alcaloide de cocaína. Las autoridades procedieron al levantamiento de actas y al registro oficial de la evidencia, con el objetivo de reforzar las investigaciones sobre cómo ingresaron las drogas al penal.
De acuerdo con el informe, el interno Saavedra Evangelista pertenece a una red criminal dedicada a delitos como extorsión, robo agravado, estafa, homicidio, tráfico ilícito de drogas y sicariato. Ante el hallazgo, la Oficina Regional Altiplano Puno ordenó su traslado inmediato al penal de Challapalca, ubicado en la zona más alta de Tacna, conocida por su régimen de máxima seguridad y condiciones estrictas.
El INPE señaló que este tipo de operativos buscan mantener el orden interno y prevenir la corrupción dentro de los establecimientos penitenciarios. Además, reafirmó su compromiso de reforzar las medidas de seguridad para impedir que los reclusos continúen participando en actividades ilícitas desde el interior de los penales.
Requisas simultáneas revelan circulación de celulares, drogas y armas en penales
En medio del estado de emergencia por inseguridad ciudadana, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desplegó una serie de operativos simultáneos en los penales de Miguel Castro Castro, Lurigancho y Chincha, con el apoyo de más de 120 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Policía Nacional del Perú (DIROES). Las inspecciones, realizadas en celdas, patios y zonas comunes, tuvieron como objetivo frenar las actividades del crimen organizado que aún opera desde los centros de reclusión.
Durante las intervenciones, los agentes decomisaron celulares, drogas, parlantes, cables eléctricos, televisores y armas punzocortantes, entre otros objetos prohibidos que permanecían ocultos en los pabellones 1, 7 y 8 de los establecimientos inspeccionados. El INPE detalló que estos hallazgos evidencian cómo las mafias internas aprovechan las deficiencias tecnológicas y estructurales de los penales para mantener comunicación con el exterior, coordinando extorsiones y delitos desde prisión.
El propio presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, informó que las requisas se realizan a diario y en todos los penales del país, reforzando la coordinación con la Policía Nacional. Sin embargo, reconoció las limitaciones del sistema penitenciario: solo 30 de los 69 penales cuentan con bloqueadores de señal operativos, lo que permite que continúe el flujo de comunicaciones ilegales. Las autoridades sostienen que el reto es recuperar el control en los recintos, donde más de 26 mil reclusos purgan condena por extorsión, secuestro y homicidio, delitos que mantienen una fuerte incidencia en el actual escenario de inseguridad.
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