EMAPE defiende gestión de Rafael López Aliaga: rechaza acusaciones de Podemos Perú y respalda adjudicación de Vía Expresa Norte

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) de la Municipalidad Metropolitana de Lima defendió la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga ante la denuncia presentada por regidores de Podemos Perú sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y avance de la obra Vía Expresa Norte.

A través de un comunicado oficial, la entidad aseguró que el proyecto se ejecuta bajo un contrato de obra pública, mediante la modalidad de concurso oferta, y que el financiamiento proviene íntegramente de recursos públicos. Esta aclaración contradice las declaraciones de los regidores de Podemos Perú, quienes señalaron la existencia de una concesión a favor de un consorcio integrado por empresas chinas, entre ellas Gezhouba Group Company, incluida en investigaciones parlamentarias por supuestos actos de corrupción.

La empresa municipal explicó que la selección del contratista y la ejecución del proyecto fueron canalizadas a través de un Convenio de Administración de Recursos con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo del sistema de Naciones Unidas, lo que garantiza transparencia, trazabilidad y eficiencia en el manejo de los fondos públicos.

En cuanto al avance del proyecto, informaron que la ejecución de la obra comenzó en septiembre de 2025 y que, hasta el momento, el progreso se encuentra dentro del cronograma previsto. “Entendemos que el país atraviesa un contexto de campaña electoral, en el cual determinadas denuncias pueden responder a intereses políticos, buscando desacreditar una gestión que se caracteriza por su transparencia y apego a la legalidad”, sostuvo EMAPE.

La controversia sobre la ejecución de la Vía Expresa Norte surgió luego de que los regidores Luis Gallardo y José Luis Luna de Podemos Perú presentaran una denuncia contra la gestión de Rafael López Aliaga. Afirmaron que la obra fue adjudicada a un consorcio que incluye a la empresa Gezhouba Group Company, la cual figura en una lista negra de corrupción elaborada en marzo de 2024 por una comisión investigadora del Congreso, integrada por parlamentarios como Miguel Ciccia y Cheryl Trigozo de Renovación Popular.

Sostuvieron que el proceso de adjudicación se realizó sin considerar las alertas sobre los antecedentes de la empresa china, implicada en casos de pagos indebidos y coimas en otras licitaciones estatales. Además, que el avance físico de la obra es mínimo, con apenas un ocho por ciento de ejecución, y denunciaron que se realizaron modificaciones contractuales que redujeron el alcance de la obra sin modificar el presupuesto original.

En conferencia de prensa, los representantes de Podemos Perú solicitaron la acción de la Fiscalía de la Nación para investigar posibles actos de corrupción y favorecimiento a empresas vinculadas a escándalos previos. También advirtieron sobre el riesgo de que la obra quede inconclusa o sea abandonada, como ya ha ocurrido en otros proyectos gestionados por la misma compañía.

José Luis Luna explicó que la licitación partió de un monto referencial de 264 millones de soles, pero el consorcio ganador obtuvo el contrato por 277 millones de soles, lo que representa un incremento cercano a 14 millones respecto al monto base. “Nos preocupa que la Municipalidad de Lima haya reducido el alcance del proyecto, pero mantenga el mismo presupuesto, lo que podría beneficiar económicamente a la empresa adjudicataria”, afirmó Luna.

Los regidores pusieron énfasis en que la compañía adjudicataria forma parte de un grupo de trece empresas chinas investigadas por corrupción en el Ministerio de Transportes, según el informe parlamentario, y cuestionaron la falta de acciones preventivas por parte de la administración municipal.