Visita de José Jerí al penal Ancón I revela graves deficiencias en gestión del INPE: “Reestructuración urgente”

El presidente de la República, José Jerí, realizó una visita inopinada al penal Ancón I durante la madrugada del sábado 24 de enero, tras recibir un reporte de la Policía Nacional del Perú (PNP) vinculado a un caso de extorsión. La diligencia tuvo como objetivo verificar información relacionada con actividades delictivas que, según las investigaciones preliminares, habrían sido coordinadas desde el interior de dicho establecimiento penitenciario.

Horas antes de la visita presidencial, agentes de la PNP capturaron a un hombre y una mujer presuntamente involucrados en extorsiones contra empresas de transporte y mototaxistas del cono norte de Lima. Durante las diligencias policiales, ambos detenidos señalaron que las órdenes para cometer los delitos provenían de un interno recluido en el penal Ancón I, identificado como presunto cabecilla de la banda criminal.

Falta de control interno

Con esta información, el jefe de Estado, acompañado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, solicitó la ubicación inmediata del recluso señalado. Sin embargo, el procedimiento evidenció serias deficiencias en los sistemas de control del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Los registros disponibles no se encontraban consolidados en una plataforma única y confiable.

La información sobre la ubicación del interno estaba dispersa en cuadernos manuscritos, revisados por el personal penitenciario sin que se lograra una respuesta clara. En una primera verificación, el recluso figuraba como alojado en el pabellón dos, pero no fue encontrado en ese lugar. Posteriormente, aparecía registrado en el pabellón cuatro, donde tampoco se encontraba, lo que prolongó la búsqueda sin resultados concretos.

Registros de traslado erróneos

Ante la falta de precisión, el presidente solicitó explicaciones a los representantes del INPE presentes en el penal. Tras nuevas revisiones, se informó que el interno había sido trasladado al penal de Challapalca, en la región Tacna, el pasado 4 de enero. No obstante, este dato no figuraba de manera clara en los registros que se habían revisado inicialmente.

La situación generó nuevas dudas durante la diligencia. El jefe de Estado pidió corroborar la información con el establecimiento penitenciario de Challapalca, pero los intentos de comunicación no tuvieron éxito. Según se indicó, no existía un canal de comunicación directa y operativa entre ambos penales en ese momento.

Falta de documentación accesible

El escenario se complicó cuando el presidente solicitó el documento oficial que sustentara el traslado del interno. El personal del INPE señaló que dicho registro se encontraba en una oficina administrativa, pero no fue posible acceder a ella debido a que no se contaba con la llave correspondiente. Esta situación impidió la verificación inmediata de la información solicitada.

La imposibilidad de ubicar con certeza a un interno señalado como articulador de delitos, la ausencia de registros accesibles y la falta de comunicación entre establecimientos penitenciarios dejaron en evidencia problemas operativos y administrativos en la gestión del sistema penitenciario.

Necesidad de reestructuración

Tras constatar estas deficiencias, el presidente José Jerí manifestó su preocupación por el estado de la administración penitenciaria. Según señaló, la situación observada en el penal Ancón I refleja problemas estructurales en el funcionamiento del INPE, particularmente en lo referido al control interno, la trazabilidad de los internos y la gestión documental.

En ese contexto, el mandatario recalcó la necesidad de una reestructuración integral del Instituto Nacional Penitenciario. Indicó que resulta urgente implementar mejoras en los sistemas de registro, fortalecer los mecanismos de control y establecer responsabilidades claras, a fin de garantizar una gestión penitenciaria eficiente y acorde con los objetivos de seguridad del Estado.